Se consumó lo deseado por sectores políticos. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió por 6 meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntas faltas disciplinarias relacionadas a la reposición de Patricia Benavides.
La propuesta de suspensión fue propuesta por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, y respaldada por sus colegas. No intervino el consejero Francisco Távara Córdova, quien fue excluido por supuestamente haber adelantado opinión.
Para las 10:00 de la mañana de este viernes 19 de setiembre se tenía previsto que Espinoza acuda a la sede de la JNJ para dar sus descargos. Sin embargo, optó por no presentarse debido a que no existen garantías de un debido proceso.
Delia Espinoza podrá apelar la decisión de la JNJ, pero eso no impedirá que se tengan que apartar del cargo de fiscal de la Nación. El plazo por el que estará alejado es de 6 meses, tiempo en el que tendría que finalizar el proceso disciplinario en su contra, sea con una absolución, suspensión o destitución.
Cabe precisar que el Reglamento de Procesos Disciplinarios establece que la suspensión preventiva del cargo puede extenderse por una única vez por un plazo de 6 meses. Es decir, la titular del Ministerio Público podría quedar fuera de la institución hasta por un año.
Mientras sea suspendida, asumirá de forma interina el despacho de la Fiscalía de la Nación el fiscal supremo de mayor antigüedad: Pablo Sánchez Velarde. En caso de que este decline como ocurrió cuando Patricia Benavides fue suspendida, asumiría Zoraida Ávalos.
Si Ávalos tampoco acepta el encargo, asumiría el fiscal supremo Tomás Gálvez. El cuadro de antigüedad lo completan, en este orden, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena.
Las supuestas faltas de Delia Espinoza
El conflicto central que atraviesa el caso es la supuesta negativa de Espinoza Valenzuela a acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia, que ordenaba la reposición de Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación a pesar de que ya se había elegido una nueva titular del Ministerio Público.
Según el informe de María Teresa Cabrera, Espinoza Valenzuela no solo supuestamente desconoció el mandato, sino que “desplegó” una serie de acciones para mantenerse en el cargo.
En total se le atribuyen cuatro hechos: haber ignorado la orden de reposición de Benavides Vargas, continuar ejerciendo el cargo de manera ilegal e inconstitucional, rehusarse a cumplir sus funciones como fiscal suprema al no recibir a la funcionaria restituida ni convocar a la Junta de Fiscales Supremos, e instigar al personal del Ministerio Público a realizar una vigilia en la sede institucional para impedir el cumplimiento de la resolución.
Los consejeros sostienen que estos hechos constituyen faltas muy graves, tipificadas en la Ley de la Carrera Fiscal, como interferir en el ejercicio de funciones de otros órganos del Estado y cometer actos u omisiones que, sin ser delito, comprometen gravemente los deberes del cargo. El informe de Cabrera subraya que la conducta de Espinoza Valenzuela “refleja un quebrantamiento del respeto a la institucionalidad del Ministerio Público, y a la confianza ciudadana en el Estado de derecho”.
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