La Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso suspender el servicio de seguridad y protección personal que se le brindada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de que fuera suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El jefe del Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado, comandante PNP Marco Romero Camarena, comunicó la decisión a Espinoza hoy sábado 20 setiembre.
Se deja en desprotección a la suspendida titular del Ministerio Público a pesar del pedido que hizo al ministro del Interior, Carlos Malaver, para que se mantenga el resguardo debido a las investigaciones que tuvo a su cargo, relacionadas a crimen organizado.
“En el desarrollo de mis funciones como Fiscal de la Nación he tenido a mi cargo investigaciones sobre presuntas organizaciones criminales de alta complejidad, por lo cual, a fin de resguardar mi vida e integridad personal, le solicito que se mantenga al equipo de seguridad que tengo asignado para mi resguardo individual y de mi domicilio”, requirió Espinoza a Malaver en un oficio tras conocerse que la JNJ impuso la suspensión.
Del mismo modo, horas antes, durante la conferencia de prensa que brindó, la fiscal de la Nación hizo un llamado público al ministro del Interior debido a que teme por su vida.
“Si se concreta la suspensión de mi persona, voy a quedar totalmente desguarnecida en caso también se retire inmediatamente al personal de mi seguridad para que cuide mi integridad y mi propia vida. Como máxima autoridad, soy consciente de todo lo que estoy y venido enfrentando”, indicó.
Y agregó: “Temo por mi vida, soy un ser humano, pero eso me llena de temor para seguir enfrentando la corrupción porque es el juramento que hice y eso es lo que me llena de orgullo porque mis padres me formaron de esa manera, con valores, con valentía”, dijo Espinoza.
Delia Espinoza es suspendida
La suspensión de seis meses impuesta a Delia Espinoza como fiscal de la Nación ha dejado al Ministerio Público sin su máxima autoridad, en un contexto marcado por tensiones políticas y cuestionamientos sobre el debido proceso. La JNJ tomó esta decisión tras atribuirle presuntas faltas disciplinarias vinculadas a la reposición de Patricia Benavides en el cargo.
La propuesta de suspensión fue presentada por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, y recibió el respaldo de los demás consejeros, con la excepción de Francisco Távara Córdova, quien fue apartado del proceso por supuestamente haber adelantado opinión. Estaba previsto que Espinoza acudiera a la sede de la JNJ a las 10:00 del viernes 19 de septiembre para ejercer su derecho a defensa, pero decidió no presentarse, argumentando la falta de garantías para un debido proceso.
El reglamento vigente establece que la suspensión preventiva puede prorrogarse una sola vez por un periodo igual, lo que significa que Delia Espinoza podría permanecer apartada del Ministerio Público hasta por un año, dependiendo de la evolución del proceso disciplinario, que podría concluir con su absolución, una suspensión definitiva o la destitución.
Durante el periodo de suspensión, el despacho de la Fiscalía de la Nación será asumido de manera interina por el fiscal supremo de mayor antigüedad, Pablo Sánchez Velarde. Si este optara por no aceptar el encargo, como ocurrió en el caso de la suspensión de Patricia Benavides, la responsabilidad recaería en Zoraida Ávalos. En caso de una nueva declinación, el siguiente en la línea de sucesión sería Tomás Gálvez, seguido por la propia Benavides y Juan Carlos Villena.
El núcleo del conflicto radica en la presunta negativa de Espinoza Valenzuela a acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia, que ordenaba la reposición de Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, a pesar de que ya se había designado a una nueva titular. El informe elaborado por María Teresa Cabrera sostiene que Espinoza no solo habría desconocido el mandato, sino que también “desplegó” diversas acciones para mantenerse en el cargo.
Entre los hechos atribuidos a Espinoza Valenzuela figuran: ignorar la orden de reposición de Benavides Vargas, continuar ejerciendo el cargo de manera ilegal e inconstitucional, negarse a cumplir sus funciones como fiscal suprema al no recibir a la funcionaria restituida ni convocar a la Junta de Fiscales Supremos, e instar al personal del Ministerio Público a realizar una vigilia en la sede institucional para impedir la ejecución de la resolución.
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