La Libertad concentra la mayor cantidad de denuncias por extorsión en el país en lo que va del año

La creciente inseguridad ciudadana se ha consolidado como una de las principales preocupaciones en el Perú. Según el INEI, en el primer trimestre de 2025, el 59% de los adultos identificó a la delincuencia y la falta de seguridad como el problema más grave que enfrenta el país. Esta percepción es aún más grave en la costa norte, especialmente en La Libertad, donde siete de cada diez personas están preocupados por la criminalidad.

Auge de la criminalidad

Entre enero y julio de 2025, La Libertad registró en promedio 394 denuncias de extorsión al mes, equivalente al 17% del total nacional, lo que sitúa a La Libertad como la región con más casos de este delito. Cabe señalar que las cifras podrían ser mayores, pues se estima que menos de un quinto de las víctimas de algún delito presenta finalmente una denuncia.

Además, la región concentra tres de los diez distritos con mayores denuncias por homicidio a nivel nacional. El distrito de Pataz lidera el ranking nacional con 92 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, casi 10 veces el promedio nacional (9.3). A este se suman Virú (57) y San José (54).

Un factor que explica este escenario es el aumento de la minería ilegal: en provincias como Pataz y Virú, su expansión ha fortalecido a organizaciones criminales que operan mediante extorsiones y violencia para controlar el territorio.

Limitaciones de la gestión

Pese a la gravedad de la situación, la Policía en La Libertad no cuenta con equipamiento ni personal suficiente. La dotación de efectivos es una de las más bajas del país, con apenas 12 policías por cada 10 mil habitantes, frente al promedio nacional de 18. Además, solo 63% de las camionetas de la policía están operativas. En cuanto al Sistema de Planificación y Control del Patrullaje Municipal (SIPCOP-M), el cual conecta el GPS del serenazgo con la Policía, la cobertura llega al 75% de las municipalidades provinciales, pero apenas al 34% de las distritales.

Asimismo, la debilidad institucional se refleja en la confianza ciudadana, donde solo el 14% de los liberteños confía en la Policía, por debajo del promedio nacional (24%). Entre las razones que explican esta desconfianza se encuentran los sobornos (45.9%), falta de patrullaje (12.1%) y la falta de atención cuando se les llama (11.5%).

Para frenar la inseguridad en la región se requiere fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía. Ello se puede lograr a través del aumento del número de efectivos mediante políticas que hagan más atractiva la carrera policial y, en paralelo, mejorar su equipamiento e inteligencia operativa. Asimismo, es indispensable la modernización y construcción de comisarías y penales mediante mecanismos como Obras por Impuestos (OXI) y Asociaciones Público-Privadas (APP). De esta manera, será posible recuperar la confianza ciudadana y enfrentar una criminalidad que hoy reduce la competitividad y limita el desarrollo económico.

(*) Elaborado por Gonzalo Manrique, economista senior del IPE, con colaboración de Yamilet Senosaín.