
El asesinato del funcionario de la embajada de Indonesia Zetro Leonardo Purba, a la puerta de su casa en Lince, ha puesto en evidencia un problema que compromete directamente a la Policía Nacional del Perú (PNP). La pistola que acabó con su vida, una Taurus de 9 mm, estaba registrada a nombre de un suboficial de la división de los Halcones, quien la recibió en 2015 como parte de su equipamiento oficial.
Lo más preocupante es que, según los registros de Sucamec, el rastro del arma se perdió en 2016 sin que el efectivo reportara su desaparición. Tres años después, en 2019, la misma pistola fue utilizada en un asesinato en Pisco. Este año volvió a aparecer en Lima, vinculada directamente al crimen del diplomático.
La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha citado al suboficial responsable para que explique en qué circunstancias “perdió” su arma y por qué nunca reportó el hecho. Un equipo de Latina Noticias intentó contactarlo telefónicamente, pero no obtuvo respuesta.

La falta de un registro formal permitió que la pistola pasara de la institución policial a redes criminales sin control alguno. Y no se trata de un hecho aislado. Investigaciones periodísticas ya habían advertido que armas incautadas o declaradas perdidas terminaban de nuevo en el mercado ilegal, incluso en manos de sicarios y extorsionadores, como la organización Los Injertos del Cono Norte.
Este caso reaviva el debate sobre el poder de las organizaciones criminales dentro de la propia PNP. También evidencia deficiencias estructurales en el sistema de control de armas, que en lugar de garantizar la seguridad ciudadana, permite que estas terminen siendo utilizadas contra la misma población a la que deberían proteger.
Los otros ataques de los sicarios
El 1 de septiembre, a las 7:30 de la noche, Zetro Leonardo Purba fue interceptado por dos sujetos cuando llegaba a su vivienda en Lince. El funcionario de la embajada de Indonesia murió tras recibir disparos con la pistola policial.
Pero el crimen no terminó allí. Apenas cuatro horas después, a las 11:30 de la noche, la misma arma fue utilizada en San Juan de Miraflores, donde dos trabajadoras sexuales fueron atacadas. Una de ellas logró identificar a uno de los agresores, alias “Malaco”, hoy detenido y vinculado a redes de trata de personas. Según su testimonio, el ataque habría estado relacionado con un cobro de cupos.

Lo que más indignó a los investigadores es la frialdad de los sicarios: tras disparar, se dieron el tiempo de realizar una videollamada para confirmar que sus víctimas eran las correctas. Horas más tarde, la policía descubrió que estos sujetos se escondían en un hostal de San Martín de Porres, donde además del arma se encontraron cartuchos de dinamita, material presuntamente destinado a extorsiones.
Este doble ataque, ocurrido en un mismo día y con una misma pistola oficial, no solo ha dejado en evidencia la crueldad de las mafias que operan en Lima, sino también la fragilidad del sistema de control de armamento policial, que permitió que un arma de la PNP terminara alimentando la violencia en las calles.
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