Ley de amnistía promulgada por Dina Boluarte “representa un retroceso”, asegura la ONU

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación respecto a la reciente ley de amnistía promulgada en Perú por el gobierno de Dina Boluarte. Desde Suiza, Türk afirmó que la normativa “representa un retroceso para la justicia y la verdad” en el contexto nacional, aludiendo directamente al alcance y las consecuencias jurídicas y sociales de la norma.

De acuerdo con el pronunciamiento del representante de la ONU, la ley, aprobada el mes pasado por el Congreso peruano y firmada por la presidenta Boluarte, “extingue la responsabilidad penal y civil de miembros de la Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Policía Nacional del Perú (PNP) y los comités de autodefensa involucrados en operativos vinculados al combate contra el terrorismo y al restablecimiento del orden interno”. La disposición tiene carácter retroactivo, pues cubre hechos registrados entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, años correspondientes al conflicto armado interno vivido en el país.

Según la nueva norma, los beneficiarios quedan exentos de procesos de investigación, enjuiciamiento penal o cumplimiento de sentencias por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones durante el periodo señalado. Este aspecto ha generado inquietud tanto dentro como fuera del país debido a las implicancias sobre el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En su mensaje oficial, Volker Türk subrayó que “las respuestas con mano dura solo conducen a mayor alienación, malestar y violencia”, e instó a mantener su compromiso con los principios internacionales que promueven la protección y los derechos fundamentales. Agregó que “el derecho internacional de los derechos humanos protege a todos, incluidos los más vulnerables”, y llamó la atención sobre el aumento de ataques contra minorías y el retroceso en políticas de prevención y combate a la discriminación a nivel global.

Organismos internacionales y entidades de derechos humanos en Perú han advertido que la promulgación de la ley de amnistía podría contravenir acuerdos y tratados internacionales suscritos por el país. La opinión de Türk refuerza la posición de Naciones Unidas respecto a la necesidad de garantizar justicia para las víctimas y evitar la impunidad en casos relacionados con violaciones de derechos fundamentales, un tema que permanece bajo observación internacional.

Controversial medida

El 13 de agosto de 2025, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía dirigida a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y los comités de autodefensa, pese a las advertencias expresadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La norma, aprobada previamente por el Congreso, establece la extinción de la responsabilidad penal y civil para quienes participaron en operativos contra el terrorismo y acciones de restablecimiento del orden interno, siempre que los hechos hayan ocurrido entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, periodo que abarca el conflicto armado interno en el país.

La ley, impulsada bajo el argumento de proteger a quienes combatieron amenazas a la seguridad nacional, tiene carácter retroactivo y beneficia a personal de la PNP, FF.AA. y civiles que integraron comités de autodefensa en esos años. Esto significa que las personas comprendidas en la norma dejan de estar sujetas a investigaciones, procesos judiciales o sentencias vinculadas a presuntos delitos cometidos en el contexto de sus funciones.

La promulgación de la ley se dio pese a las recomendaciones de la CIDH, que solicitó a las autoridades peruanas respetar los compromisos internacionales de derechos humanos y evitar medidas que limiten el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas del conflicto armado. Diversos organismos advirtieron sobre los riesgos de impunidad y retrocesos en materia de derechos humanos. La medida continuará bajo observación por parte de la comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos fundamentales.