La oficina que el Gobierno de Dina Boluarte le regaló a Juan José Santiváñez, luego de que fuera censurado por su ineptitud en la lucha contra la inseguridad ciudadana, también estaba en la mira del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
Como parte de la investigación del caso Ícaro, la Fiscalía solicitó que se autorice el allanamiento de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, despacho que hasta el último sábado 23 de agosto estaba a cargo de Santiváñez. Sin embargo, el juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, no autorizó la intervención.
Y es que el Eficcop requirió el allanamiento de esta oficina alegando que guardaría relación con el coronel PNP (r) Percy Tenorio, el abogado Marco Palacios Meza y la administradora Yessenia de la Cruz. Estos son, respectivamente, excliente, socio y trabajadora del hoy ministro de Justicia.
No obstante, el magistrado consideró que no hay vínculo alguno entre Tenorio, Palacio y De la Cruz con el despacho que jefaturaba Santiváñez en Palacio de Gobierno porque “no mantienen ninguna relación laboral ni de otra índole con dicha entidad, por lo que no resulta razonable autorizar el allanamiento de dicho inmueble”.
Eso sí, el juez Víctor Alcocer deja constancia de que la oficina en el Despacho Presidencial sí está relacionada con Juan José Santiváñez; sin embargo, no cuenta con competencia para dictar alguna medida respecto a él debido a que los hechos habrían sido cometidos cuando ejercía como ministro del Interior. Es decir, cuando era un alto funcionario, por lo que la competencia para autorizar alguna medida en su contra recae en la Corte Suprema.
“Corresponde declarar improcedente en este extremo (el pedido de allanamiento), dejando a salvo su derecho de solicitar la presente medida limitativa de derechos en la instancia correspondiente”, se lee en la resolución del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
¿Santiváñez es investigado por el caso Ícaro?
De momento, no se ha oficializado una investigación preliminar contra Juan José Santiváñez por el denominado caso Ícaro. Debido a que los hechos los habría cometido cuando era ministro del Interior, corresponde a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, iniciar las diligencias preliminares.
Tal como ocurrió con casos anteriores, es probable que el Eficcop remita un informe al despacho de la Fiscalía de la Nación para informar sobre los presuntos delitos en los que habría incurrido Santiváñez en el ejercicio del cargo de ministro del Interior.
El caso
De acuerdo con la Fiscalía, la hipótesis principal sostiene que Santiváñez habría utilizado su posición en el Ministerio del Interior para beneficiar a sus clientes y solicitar pagos a cambio de estos favores.
Entre los hechos que se le atribuyen figuran el presunto favorecimiento ilícito en la modificación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Mininter, cobros indebidos para asegurar la permanencia de generales en sus cargos y un supuesto apoyo irregular a la minera El Dorado.
La investigación detalla que Percy Tenorio, coronel PNP (r) y socio de Santiváñez, habría recibido respaldo de este último para asumir la defensa de policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas. A cambio, Santiváñez habría utilizado la oficina de Tenorio como un lugar para ocultar objetos personales y documentos ante la posibilidad de allanamientos fiscales.
El papel de Nicanor Boluarte en este entramado también es objeto de indagación. Según la Fiscalía, el hermano de la presidenta habría visitado en varias ocasiones la oficina de Tenorio. No obstante, el abogado de Nicanor Boluarte afirmó que su defendido no conoce ni a Santiváñez ni a Tenorio.
La mina El Dorado, titular de las concesiones Agripina I y II en Ayacucho, también figura en la investigación. El Ministerio Público sostiene que Tenorio mantuvo reuniones en su oficina de San Isidro con Franco Parodi, representante de la empresa. En estos encuentros se habría acordado la realización de un operativo policial encubierto bajo la apariencia de una intervención ambiental, con el objetivo de recuperar la posesión de los terrenos.
En este contexto, se habrían pactado dos pagos: USD 60.000 para una primera inspección entre agosto y septiembre de 2024 y USD 100.000 adicionales para ejecutar el operativo en diciembre del mismo año. Así, el presunto soborno totalizaría USD 160.000.
La investigación señala que la presidenta Dina Boluarte habría solicitado a Santiváñez gestionar la contratación de su hermano Nicanor como consultor en la mina, con el propósito de presentar arraigo laboral y evitar una posible prisión preventiva.
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