La nueva investigación contra Juan José Santiváñez también involucra a la presidenta Dina Boluarte. De acuerdo a la tesis fiscal, el entonces ministro del Interior, habría realizado gestiones para la creación de arraigo laboral para Nicanor Boluarte Zegarra, a solicitud expresa de la mandataria. Ello, a fin de evitar que fuera preso frente a eventuales requerimientos judiciales derivados de investigaciones abiertas en su contra.
De acuerdo con el documento judicial, los hechos se habrían dado entre agosto y septiembre de 2024. Dentro de este entramado, el estudio jurídico Tenorio Abogados & Asociados, dirigido por Percy Alberto Tenorio Gamonal, y el empresario Franco Parodi Gianella habrían planeado recuperar la mina “El Dorado” y “El Dorado Agripina 1 y Agripina 2″, para lo cual se habría contado con la participación del entonces titular del Mininter.
En esa línea, acordaron activar un operativo policial para recuperar el control de la mina, bajo la justificación de un supuesto delito ambiental cometido por ocupantes no autorizados. Ello, a cambio de un monto de 60 mil dólares (que luego se habría ampliado a 100 mil) y arraigo laboral para Nicanor Boluarte.
“Tenorio —cumpliendo las indicaciones de Santivañez— habría solicitado a Parodi Gianella y Gianfranco Meza Lizier (financista de la mina), el pago de USD 60,000 y que se pongan a disposición de los requerimientos presuntamente ilícitos que permitan generar una situación de impunidad en favor del hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, siendo de aceptación de ambos", se lee.
Reuniones entre Nicanor y “Tenorio”
En el marco de la elaboración del presunto arraigo laboral, se registraron visitas de Boluarte Zegarra al estudio jurídico Tenorio en siete oportunidades entre enero y febrero de 2025, todos ellos detallados en los registros internos del edificio ubicado en la avenida República de Panamá en San Isidro, Lima. Según el expediente, la primera visita tuvo lugar el 23 de enero de 2025, inmediatamente después de la revocatoria de una orden de prisión preventiva sobre él en una investigación previa.
“Para efectos de conseguir arraigos laborales creíbles mediante empresas de confianza, el entorno de Santiváñez organizó reuniones donde se estructuró la participación de Boluarte Zegarra como consultor de la empresa minera, sin que existiera evidencia de actividad laboral real”, menciona el documento.
La hipótesis fiscal detalla además que parte de las tratativas incluyó influir en funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho para conseguir la modificación de informes técnicos que impedían la continuidad de las operaciones mineras de “El Dorado”. Uno de esos documentos, denominado “INFORME DREMA V144444.doc”, fue intervenido y reenviado entre los involucrados, lo que derivó en la autorización administrativa clave para el reinicio de las actividades extractivas.
El operativo policial de diciembre de 2024 fue el desenlace de este proceso. Según los registros, 15 agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional acudieron al lugar, siguiendo instrucciones de Villalón Trillo y en coordinación con las partes interesadas, con despliegue logístico financiado por la empresa minera, tal como consta en el expediente. En las comunicaciones internas, los investigados reportaban los avances y coordinaron incluso porcentajes de las sumas recibidas, incluyendo la parte que, según la fiscalía, correspondería a Santiváñez como “hombre clave”.
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