La preocupación por la seguridad digital en el Perú alcanzó un nuevo nivel luego de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) revelara que en la aplicación de mensajería Telegram se comercializan datos personales de millones de ciudadanos. Según lo informado por la entidad, los ofrecimientos de información abarcan desde números de documentos hasta lazos de parentesco, lo que ha despertado la alarma de especialistas y autoridades por el impacto en la criminalidad organizada.
La situación fue expuesta el pasado 19 de agosto ante la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Administración de Justicia por Carmen Velarde, titular del Reniec, quien explicó que el tráfico ilegal incluye la venta de identidades de personas adultas y también de menores, incluso desde los dos años de edad. La funcionaria advirtió que esta práctica fortalece las redes de extorsión que operan en el país y adelantó que, de no haber medidas de control por parte de la empresa dueña de la plataforma, se podría optar por restringir su funcionamiento en el territorio nacional.
Venta de identidades en Telegram
Velarde señaló que la extracción y el comercio de datos se ha convertido en una fuente de abastecimiento para organizaciones delictivas que recurren a Telegram para distribuir información robada. Entre los hallazgos identificados, resaltó que no solo se negocian números de DNI o direcciones, sino también información de parentescos y datos de menores.
La advertencia incluyó un mensaje directo: “O Telegram aplica controles y elimina esos espacios ilegales, o se tomarán acciones para bloquear la aplicación en el país”. La jefa del Reniec destacó que el intercambio de estos registros representa una grave amenaza a la seguridad ciudadana, pues facilita la operación de bandas dedicadas a la extorsión y otros delitos informáticos.
Respuesta institucional y medidas de control
Frente a este escenario, el Reniec puso en marcha la plataforma de validación biométrica ID Perú, herramienta que busca reforzar la seguridad en el acceso a información sensible. De acuerdo con lo detallado, su implementación ha permitido reducir en un 40% los intentos de uso indebido y ya se encuentra disponible en la web de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
Además, la entidad ha comenzado a aplicar límites en el número de consultas que las instituciones pueden realizar sobre la base de datos. Según Velarde, en algunos casos se registraban hasta 14 millones de consultas sin ningún tipo de costo ni control. La funcionaria cuestionó el destino y la finalidad de esa información, subrayando que el exceso de accesos sin garantías adecuadas se traduce en un riesgo para la privacidad de los ciudadanos.
Extorsión y delitos digitales en expansión
Las filtraciones detectadas tienen un impacto directo en el crecimiento de delitos asociados a la extorsión. Al contar con identidades completas, los criminales pueden ejercer presión sobre las víctimas a través de llamadas, amenazas y fraudes digitales. Este panorama refuerza la preocupación por la falta de regulación efectiva en entornos de mensajería que operan con encriptación y ofrecen menos posibilidades de control por parte de los Estados.
El Reniec ha venido colaborando con la Policía Nacional para identificar desde qué direcciones y con qué usuarios se realizaron las consultas indebidas, lo que permitirá trazar responsabilidades y frenar la cadena de delitos que se nutre de esta información. Las investigaciones continúan abiertas y forman parte de un plan más amplio para enfrentar la ciberdelincuencia en el país.
Presión a las plataformas digitales
La amenaza de restringir Telegram en el Perú se suma a las discusiones globales sobre la responsabilidad de las plataformas frente a la difusión de contenido ilícito. En este caso, la exigencia está dirigida a que se eliminen los espacios donde circulan bases de datos de ciudadanos, que son utilizadas por mafias para extorsionar y cometer fraudes.
Velarde insistió en que el Reniec no busca afectar la comunicación entre usuarios comunes, sino frenar un mercado ilegal que expone la privacidad de millones de personas. La funcionaria reiteró que la prioridad es la seguridad de los ciudadanos y que, si la empresa no atiende los requerimientos, el cierre de la aplicación en el territorio nacional será una medida a considerar.
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