Gobierno impulsa normas para mejorar el control de armas y combatir el crimen organizado en Perú

La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra anunció una serie de disposiciones orientadas a reforzar la lucha contra la delincuencia y mejorar la investigación criminal en el país, tras la II sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Las medidas incluyen el impulso de normas en el ámbito del Ministerio del Interior, así como la coordinación con el Congreso, el Poder Judicial y otras entidades clave para optimizar la respuesta frente al crimen organizado.

Impulso normativo y fortalecimiento institucional

Boluarte informó que el Ministerio del Interior trabajará en iniciativas normativas y administrativas que buscan fortalecer tanto la investigación criminal como el control de armas, municiones y explosivos. Asimismo, adelantó que el Ejecutivo y el Legislativo evaluarán un cambio normativo que permita mejorar la ejecución de la declaratoria de estados de emergencia, herramienta que ha sido usada en varias regiones afectadas por la criminalidad, aunque con resultados dispares.

En paralelo, en la próxima sesión del Conasec, el Poder Judicial presentará un informe sobre el estado situacional de las unidades de flagrancia, espacios creados para acelerar los procesos judiciales contra delincuentes capturados en flagrante delito.

Coordinación con la Policía y el Ministerio Público

La mandataria también detalló que la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitará al Poder Judicial y al Ministerio Público la priorización de carpetas fiscales que permitan actuar de manera más rápida contra las bandas organizadas. El objetivo es identificar a los cabecillas de estas agrupaciones y proceder a su detención con base en pruebas suficientes.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Migraciones reforzará los procesos de verificación migratoria con la finalidad de obtener información más precisa sobre la situación de ciudadanos extranjeros en el país, un punto sensible en el debate público sobre seguridad.

Minería ilegal y seguridad territorial

En su intervención, Boluarte subrayó que el Ejecutivo priorizará el combate contra la minería ilegal, actividad que no solo genera pérdidas económicas al Estado, sino que también está vinculada a delitos como la trata de personas, el narcotráfico y la contaminación ambiental. Para esta tarea, anunció que se asignará un presupuesto específico, mientras los ministerios de Defensa e Interior continuarán con las operaciones de interdicción en todo el territorio nacional.

Infraestructura penitenciaria

Otro de los anuncios destacados fue que la Municipalidad Metropolitana de Lima propondrá la firma de un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la construcción de nuevos penales con financiamiento privado. Este proyecto responde a la urgente necesidad de aliviar el problema del hacinamiento carcelario, uno de los principales retos del sistema penitenciario peruano.

Llamado a la unidad frente a la delincuencia

Durante la inauguración de la sesión del Conasec, la presidenta Boluarte aseguró que el Gobierno no cesará en la tarea de construir un país en el que prime el derecho a vivir en paz. Reiteró que la delincuencia debe estar en los centros penitenciarios y no en las calles, y convocó a la unidad de todas las instituciones del Estado, dejando atrás las divisiones políticas.

“No hay margen para la pasividad, el pueblo nos exige trabajar unidos”, afirmó la mandataria, al remarcar que la seguridad ciudadana es una prioridad nacional.

Cumplimiento de acuerdos previos

Boluarte recordó que, de los 13 acuerdos adoptados en la primera sesión ordinaria del Conasec, siete ya se han cumplido. Entre ellos destacó la gestión que asegura presupuesto para implementar las unidades de flagrancia, así como la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional, medida destinada a reducir su brecha logística y a fortalecer la inteligencia policial.

Participación de autoridades

La sesión del Conasec contó con la presencia de altas autoridades del país, entre ellas los titulares de los poderes Legislativo y Judicial; la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor; y el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana. También asistieron el ministro del Interior, Carlos Malaver; el secretario técnico del Conasec, Luis Zamudio; el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria; el superintendente nacional de Migraciones, Armando García; y el jefe del INPE, Emilio Paredes, entre otros funcionarios.

El desafío de la seguridad ciudadana en Perú

La inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los peruanos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80 % de la población considera que vive en un entorno inseguro. En los últimos años, el país ha experimentado un incremento de delitos vinculados a extorsión, sicariato y tráfico ilícito de drogas, lo que ha obligado al Gobierno a declarar estados de emergencia en diversas provincias.

Expertos señalan que, además de medidas represivas, es fundamental reforzar la prevención, a través de la mejora en la educación, la generación de empleo y el fortalecimiento de las comunidades locales. La cooperación entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales y municipales resulta clave para garantizar que las iniciativas se traduzcan en resultados tangibles.