La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su profundo rechazo a la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, al considerar que se trata de un “grave retroceso” para la institucionalidad en el Perú. La organización sostuvo que su nombramiento constituye un riesgo de impunidad en beneficio de un reducido grupo de poder político.
“La designación de Santiváñez como ministro de Justicia es realmente un grave retroceso para la justicia de nuestro país. Alertamos a la ciudadanía y también a la comunidad internacional sobre cómo hoy se consolida la impunidad. Se busca favorecer a un pequeño grupo de poder político que hoy está en los poderes del Estado”, advirtió la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Tania Pariona, en un pronunciamiento difundido en la red social X.
La dirigenta recordó que Santiváñez enfrenta procesos de denuncia por delitos como abuso de autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real, peculado, tráfico de influencias, colusión, omisión de actos funcionales y lavado de activos. Asimismo, mantiene un impedimento de salida del país. Para la CNDDHH, su llegada al ministerio encargado de velar por la defensa de los derechos humanos solo confirma que el actual régimen prioriza el encubrimiento político sobre la meritocracia.
Cuestionamientos de la sociedad civil a su nombramiento
En su comunicado, la CNDDHH alertó que la designación de Santiváñez envía un mensaje político contradictorio y peligroso, pues pone al frente del sistema de justicia a una persona que enfrenta procesos en la propia Fiscalía. La organización destacó que esta decisión debilita la independencia de poderes y refleja la consolidación de un entorno cada vez más autoritario.
“Ya no estamos en un sistema democrático. Ya no importa la meritocracia, sino cómo estos sectores, que están además altamente cuestionados y con una legitimidad en el piso (...) están, no solo siendo esta amenaza latente, sino que nos ponen en un riesgo latente de vulneraciones a los derechos humanos”, sostuvo Pariona. La excongresista recordó también que, durante su paso por el Ministerio del Interior, Santiváñez se caracterizó por un rol más político que técnico, en abierta defensa de la mandataria, lo que ahora se replicaría en el sector Justicia.
La CNDDHH pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante ante lo que calificó como un deterioro institucional acelerado, en el que se colocan al frente de ministerios claves a figuras cuestionadas y con serios antecedentes judiciales. El organismo alertó que esto afecta directamente el compromiso del país con la protección de los derechos humanos y con la lucha contra la corrupción.
Reacciones en el Congreso y procesos judiciales pendientes
El retorno de Santiváñez al Gabinete, tras haber sido censurado como ministro del Interior en marzo de este año, generó reacciones inmediatas en el Congreso. Desde la oposición, Alejandro Cavero (Avanza País) calificó su designación como “una burla al país”, mientras que Susel Paredes aseguró que representa “una provocación al Parlamento”.
En la misma línea, Sigrid Bazán denunció que se trata de un “descaro” de la presidenta Dina Boluarte, y Ruth Luque afirmó que el nombramiento confirma la continuidad de un camino “antidemocrático y autoritario”. Para las bancadas críticas al Gobierno, el regreso de Santiváñez evidencia un acuerdo político que busca blindar al Ejecutivo en medio de crecientes cuestionamientos ciudadanos.
De acuerdo con la información fiscal, Santiváñez tiene pendientes investigaciones sensibles, entre ellas el denominado “Caso Cofre”, en el que se le acusa de encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre. Estos procesos, junto con las otras once carpetas en su contra, lo convierten en uno de los ministros con más denuncias activas en la historia reciente.
En respuesta a las críticas, Santiváñez declaró que su gestión en el Ministerio de Justicia se enfocará en “defender los derechos humanos” y que impulsará “uno de los cambios más importantes en la justicia que el país va a tener”. No obstante, para sus detractores, esta promesa carece de sustento frente a sus antecedentes judiciales y su historial político.
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