El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú aprobó la contratación del estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para asumir la defensa del Estado en el proceso de anulación parcial del laudo arbitral emitido en el caso Enagás GSP.
Esta decisión, contenida en la Resolución Ministerial N° 394-2025-EF/43 del 22 de agosto de 2025, da respuesta a la reciente condena internacional que obliga al país a pagar una de las indemnizaciones más altas a inversores extranjeros en su historia.
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El costo de la defensa suma S/10 millones 181.250, monto previsto para los años fiscales 2025, 2026 y 2027. Esta inversión resulta menor en comparación con el pago exigido por el tribunal internacional, que asciende a US$302 millones (264,4 millones de euros), incluyendo tanto el capital como los intereses y las costas derivadas del proceso.
El Estado peruano apunta a que la estrategia legal permita disminuir de manera significativa la carga financiera dictada por el fallo arbitral. El trasfondo del litigio radica en la cancelación del Gaseoducto Sur Peruano (GSP), proyecto que se adjudicó a un consorcio integrado por las empresas españolas Enagás S.A. y Enagás Internacional S.L.U..
Tras la terminación anticipada del contrato en 2017, en medio de los escándalos de corrupción asociados a Odebrecht, las compañías demandaron a Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. El procedimiento se amparó en el acuerdo bilateral de inversión vigente entre España y Perú.
MEF contrata bufete internacional para defender a Perú ante el CIADI
El CIADI emitió en diciembre de 2024 un laudo que imponía una compensación de US$194 millones a Enagás. Posteriormente, en mayo de 2025, el tribunal acogió parcialmente la solicitud de rectificación presentada por la empresa española y aumentó la indemnización en US$104 millones adicionales, elevando el total a más de US$302 millones.
En respuesta, la Comisión Especial del MEF evaluó propuestas y finalmente eligió a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para liderar la defensa jurídica nacional durante la etapa de anulación parcial, bajo lo dispuesto por la Ley Nº 28933. El bufete internacional tendrá a su cargo el desarrollo de la estrategia legal, la presentación de escritos y la representación estatal en todas las instancias del nuevo procedimiento, bajo la supervisión de la Oficina General de Administración del MEF.
El procedimiento de anulación comenzó formalmente el 2 de junio de 2025, fecha en que Perú presentó la solicitud ante el CIADI. El 18 de agosto de 2025, el organismo internacional constituyó formalmente el Comité ad hoc encargado del expediente. Este comité quedó integrado por Carita Wallgren-Lindholm (finlandesa) como presidenta, Milton Estuardo Argueta Pinto (guatemalteco) y Lisa M. Richman (estadounidense), todos designados por el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI en conformidad con el artículo 52(3) del convenio de Washington.
Nuevo capítulo en la disputa Perú-Enagás por el Gaseoducto Sur
Por la longitud de los procedimientos ante el CIADI, se prevé que el nuevo laudo se conozca todavía hacia mediados del 2027, por lo cual el pago de indemnización a la española, de ocurrir, será asumido por el próximo Gobierno.
El contrato con Arnold & Porter Kaye Scholer LLP prevé la preparación y presentación de los recursos, la participación en audiencias y la coordinación con las entidades públicas involucradas. El objetivo central es reducir o revertir la indemnización multimillonaria impuesta al país.
La Resolución Ministerial fue suscrita por Raúl Pérez Reyes Espejo, ministro de Economía y Finanzas, y refleja el compromiso del Estado en gestionar con rigor técnico, legal y presupuestal una controversia considerada estratégica para la estabilidad de las finanzas públicas nacionales.
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