
En el debate nacional e internacional, la palabra democracia se repite con frecuencia: en discursos políticos, en los medios de comunicación, en la defensa de medidas gubernamentales o como parte de la conversación cotidiana. Sin embargo, más allá de sus múltiples usos y sentidos, el término debe evocar siempre una idea positiva común: libertad, dignidad y respeto ciudadano.
En esa línea, Karl Popper definió la democracia como un sistema que permite corregir errores sin recurrir a la violencia, gracias al debate racional, el disenso institucionalizado y el control ciudadano. Para el economista y premio Nobel Amartya Sen, la democracia es esencial para el desarrollo humano, pues permite que las personas canalicen sus demandas a través de la libertad política y el acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad.
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Democracia en la práctica: reconstruir Estado y sociedad
Ahora bien, si entendemos la democracia como un sistema orientado al respeto y al desarrollo humano, cabe preguntarse qué nos falta para construir una centrada en el bienestar ciudadano. Una respuesta clave está en fortalecer la capacidad del Estado para implementar políticas públicas efectivas, de modo que los gobiernos democráticos puedan traducir las demandas ciudadanas en resultados concretos. Es vital que la deliberación política no se reduzca a promesas electorales, sino que se traduzca en acciones sostenidas, en sinergia con la sociedad civil y el sector privado.

Para lograr este objetivo, el país necesita reconstruir el vínculo entre autoridades y ciudadanía, habilitando espacios reales de diálogo y escucha activa. La desafección política se ha profundizado, y con justa razón, por el contexto que atravesamos. Según el INEI, solo el 21.6 % de los peruanos consideró que la democracia funcionaba bien en 2024, frente al 35 % en 2019. En los sectores con menores ingresos, el respaldo cayó de 42 % a 25 %; y en los de mayores ingresos, de 31 % a 19 %. Este deterioro se da en un contexto global en el que nuestra democracia es considerada un régimen híbrido, según The Economist (2025).
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A esto se suma una realidad económica precaria: el 27.6 % de la población (9.4 millones de personas) vive en pobreza, y un 31.8 % adicional está en situación de vulnerabilidad económica. Es decir, más de la mitad del país vive o podría vivir en condiciones de precariedad. Ante este panorama, la ciudadanía espera respuestas de un sistema que no solo le permita subsistir, sino que lo escuche y le permita desarrollarse. Por ello, es urgente un llamado a la clase política para construir un diálogo genuino que garantice una participación activa en los asuntos públicos.
Hacia el 2026: en la búsqueda de una democracia efectiva
En este contexto, las elecciones generales del 12 de abril de 2026 representan una oportunidad inexorable para exigir propuestas concretas y viables por parte de los candidatos. En un contexto de sobreoferta política y graves problemas sociales, la ciudadanía demanda liderazgo con capacidad de escucha, compromiso democrático y voluntad real de actuar. Se necesita un liderazgo técnico que respete la voz ciudadana y que impulse políticas públicas interconectadas para enfrentar la delincuencia, mejorar los servicios básicos y destrabar reformas clave para el desarrollo del país.
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Este es un momento clave para debatir sobre la sostenibilidad del país que queremos construir. La democracia debe ser el vehículo que garantice el bienestar y la dignidad de todos los ciudadanos, exijamos candidatos comprometidos con esta premisa.
(*) Alexis Enrique Revilla Ayambo, miembro de la Red de Jóvenes Líderes IPE
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