La comunidad educativa del colegio nacional Micaela Bastidas, en el distrito de San Juan de Lurigancho, permanece bajo tensión tras una serie de amenazas que provocaron la renuncia de la directora y el temor de los padres ante la posibilidad de un atentado contra los alumnos. Desde mediados de julio, el plantel afronta una situación de incertidumbre, con solicitudes de dinero por parte de presuntos extorsionadores y advertencias sobre posibles ataques.
Mensajes amenazantes y reacción de las autoridades
La primera advertencia llegó el 18 de julio. Personas no identificadas enviaron un mensaje a la directora del colegio pidiendo información detallada sobre el ingeniero encargado de la construcción de una nueva infraestructura, programada para 2026. Un día después, la intimidación escaló, exigiendo 20.000 soles bajo la amenaza de represalias.
Marcos Tupayachi, Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, explicó que tras recibir ambas comunicaciones se coordinó inmediatamente con la comisaría local y la División Policial de Lima Este. Las amenazas provocaron que la directora tomara la decisión de suspender temporalmente su presencia física en el plantel y delegar la continuidad de las actividades escolares en modalidad virtual.
“Las clases continuaron de manera virtual durante algunos días de julio. Luego del periodo de vacaciones, la directora pidió su cese tras más de tres décadas de servicio, lo que aceleró el proceso de designación de un nuevo responsable desde el 1 de agosto”, detalló Tupayachi a América Noticias. La decisión de retornar a las clases presenciales se tomó al contar con presencia policial reforzada y rondas de serenazgo.
Temor y desinformación entre los padres
A pesar de las acciones adoptadas por las autoridades educativas y policiales, los padres de familia vienen expresando su temor por la vida e integridad de sus hijos. Algunas familias denuncian carencia de información oportuna sobre la gravedad de los hechos y los riesgos potenciales. Varios afirmaron que se enteraron de la extorsión por fuentes externas y no por un canal oficial del colegio.
“Vengo al colegio con miedo a dejar a mi hija”, relató una madre consultada por América Noticias. “No sé quién se haría responsable si algo ocurre. Acá hemos recibido mensajes amenazando incluso con poner una granada en plena clase”.
El temor a un posible atentado hizo que algunos padres exijan la virtualidad de las clases hasta que la seguridad sea garantizada, mientras otros sostienen que no cuentan con los recursos para garantizar la educación remota de sus hijos. Además, la diversidad de información ha causado incertidumbre y división en la comunidad educativa.
Acciones de seguridad e investigación
La gestión actual del colegio, junto con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), ha decidido mantener comunicación directa con los padres de familia. Hoy se anunció una reunión informativa dentro de la institución, encabezada por representantes de la UGEL y dirigentes policiales, para ofrecer detalles sobre la situación y las investigaciones iniciadas.
“Tenemos al mayor Valle Rondón y al coronel Marcial Flores en constante coordinación, además de la presencia activa del serenazgo y patrullaje estratégico en la zona”, señaló Tupayachi. “La toma de decisiones busca mantener la calma y minimizar el riesgo para los estudiantes”.
La investigación sigue en curso y las autoridades no descartan la participación de personas con intereses en el entorno del colegio, particularmente relacionadas con la futura obra de infraestructura.
Las actividades escolares presenciales reiniciaron el 13 de agosto bajo resguardo policial, y hasta la fecha no se han registrado nuevas amenazas directas a la institución, según el reporte de la dirección regional. No obstante, la vigilancia continuará mientras se esclarecen los hechos y se busca recuperar la confianza de la comunidad educativa.
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