La violencia en las calles de Piura ya no es una percepción ciudadana, sino una realidad que golpea todos los días. Sicarios que actúan a plena luz del día, negocios bajo la presión de extorsionadores y vecinos que viven con temor son parte de un escenario en el que la Policía Nacional del Perú (PNP) parece estar sobrepasada por el crimen organizado. Especialistas advierten que los grupos delictivos se mueven con total impunidad, mientras las autoridades locales buscan implementar medidas de urgencia para frenar la ola de inseguridad.
La situación es tan crítica que incluso exjefes policiales en la región Piura han señalado que las mafias encuentran a sus víctimas mediante redes sociales y ejecutan atentados sin temor a ser capturados. En paralelo, congresistas y autoridades locales reconocen que los planes actuales de seguridad han sido insuficientes y que los sistemas de inteligencia, logística y recursos son limitados frente al poder que han alcanzado las bandas criminales en la región.
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Cámaras obligatorias y millonaria inversión en videovigilancia
En medio de este panorama, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, anunció la aprobación de una ordenanza municipal que obligará a todos los negocios a instalar cámaras de seguridad conectadas a un centro de monitoreo. La medida busca reforzar la prevención del delito y sumar información en tiempo real para las investigaciones policiales. El sistema, según explicó, demandará una inversión cercana a los 10 millones de soles y permitirá controlar más de mil cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad.
El coronel en retiro Máximo Vargas Hugo, ex jefe de la Región Policial de Piura, advirtió al portal Noticias Piura 3.0 que la única forma de enfrentar la situación es fortaleciendo la inteligencia policial y la investigación criminal. “Las mafias delinquen casi con impunidad (...) y ejecutan crímenes con la certeza de no ser capturados”, declaró.
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El congresista Miguel Ciccia también se sumó a las críticas, señalando que la falta de recursos y sistemas tecnológicos adecuados impide una respuesta efectiva frente al sicariato y las extorsiones. A su vez, dejó abierta la posibilidad de solicitar apoyo internacional de países con experiencia en materia de seguridad ciudadana, para no seguir perdiendo terreno frente al avance del crimen.
La población, mientras tanto, continúa expuesta a un clima de zozobra e inseguridad. Casos recientes de asesinatos en motocicletas, ataques a padres de familia y extorsiones a comerciantes han encendido las alarmas en diferentes distritos de la región, como Veintiséis de Octubre y Tambogrande, donde la violencia ha cobrado nuevas víctimas en las últimas semanas.
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New York Times alerta: Perú vive una “epidemia de extorsiones” y se convierte en epicentro del crimen organizado
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En junio de este año, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que advierte que el país atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por una ola de extorsiones, asesinatos y violencia urbana que ha desbordado la capacidad de respuesta del Estado. Según la investigación, las denuncias por cobros ilegales pasaron de apenas unos cientos en 2017 a más de 2.000 casos al mes en 2024, consolidando a Perú como un nuevo epicentro del crimen organizado en América Latina.
La publicación resalta que las pandillas han logrado insertar el miedo en la vida cotidiana de comunidades enteras, usando amenazas por WhatsApp, cartas manuscritas o visitas directas para exigir pagos. Quienes se niegan a entregar dinero son víctimas de represalias inmediatas: ataques con explosivos, incendios provocados y asesinatos a manos de sicarios. El caso de Jorge Tejada, reciclador limeño cuyo patio fue incendiado tras negarse a pagar 530 dólares mensuales, ilustra la magnitud del problema.
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El artículo también recuerda episodios recientes de gran impacto, como el asesinato del cantante Paul Flores en marzo durante una gira musical, amenazas contra artistas de renombre como Christian Yaipén, atentados con dinamita contra fiscalías, ejecuciones de periodistas y la masacre de 13 mineros vinculada a disputas criminales. Para los especialistas citados, esta escalada de violencia revela la debilidad del Estado, la falta de policías en distritos críticos como San Juan de Lurigancho y la creciente autoridad de las bandas que ya controlan territorios completos mediante la extorsión sistemática.
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