Director del Hospital Regional de Tumbes carece de títulos exigidos por el Minsa para el cargo, según informe de la Contraloría

La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la designación del director ejecutivo del Hospital Regional JAMO II-2 de Tumbes. Según un reciente informe, el funcionario no cumple con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa) para ocupar el cargo que ejerce desde noviembre de 2024. El caso plantea cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas en la administración pública y la garantía de meritocracia e idoneidad en funciones de confianza.

El documento, identificado como Informe de Orientación de Oficio n.° 6564-2025-CG/GRTB-SOO, revisa el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2024 y el 15 de julio de 2025. La evaluación determinó que el director, Raúl Rivera Clavo, no acreditó títulos obligatorios de segunda especialidad en áreas clínicas, quirúrgicas o afines, ni en administración y gestión en salud, administración de servicios de salud o gerencia de servicios de salud, tal como exige el Manual de Clasificador de Cargos del MINSA.

“Designaron a un profesional que no cumple con los requisitos establecidos en el clasificador de cargos, vulnerando la legalidad e idoneidad en el acceso a la función pública”, señala el informe, elaborado por la Gerencia Regional de Control de Tumbes.

Revisión de requisitos y documentación

El nombramiento de Rivera Clavo se formalizó mediante la Resolución Ejecutiva Regional n.° 000589-2024/GOB.REG.TUMBES-GR, emitida el 25 de noviembre de 2024. La revisión de su perfil académico mostró que cuenta con el título de Médico Cirujano, expedido por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en marzo de 2013, y un diplomado en Gestión y Administración Pública otorgado por FUNDENORP y el Centro de Capacitaciones BRUSBEN.

Sin embargo, el Manual de Clasificador de Cargos del MINSA, aprobado por Resolución Secretarial n.° 230-2022/MINSA y modificado por la n.° 362-2023/MINSA, exige requisitos adicionales: estudios concluidos de doctorado, maestría o segunda especialidad en áreas de administración, gestión o gerencia en salud; o un título de segunda especialidad en áreas clínicas o quirúrgicas. Ninguno de estos criterios fue cumplido, según la verificación documental.

En el Acta n.°004-2025-CG/GRTB-JAMO II-2 del 15 de julio de 2025, Rivera Clavo declaró: “No cuento con título de segunda especialidad en áreas clínicas o quirúrgicas o afines, ni título de segunda especialidad en administración y gestión en salud o administración de servicio de salud o gerencia de servicio de salud o afines”. Esta declaración fue respaldada por el jefe de la Unidad de Escalafón, quien en el Acta n.°002-2025-CG/GRTB-GORETUMBES del 23 de abril de 2025 indicó que no existe tal documentación en el legajo personal.

Normas y principios vulnerados

El informe de la Contraloría sostiene que la designación transgrede la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley n.° 27815), que obliga a garantizar probidad e idoneidad en el ejercicio de funciones públicas. También cita la Ley del Servicio Civil (Ley n.° 30057), cuyo artículo 54 exige que los cargos de libre designación cumplan con requisitos académicos o de experiencia establecidos por la entidad.

La Gerencia Regional de Control de Tumbes recomendó al Gobierno Regional adoptar “acciones preventivas y correctivas” para asegurar que los procesos de designación se ajusten a la ley. También solicitó que, en un plazo de cinco días hábiles, se comunique al Órgano de Control Institucional las medidas adoptadas, con la documentación de sustento.

La notificación fue enviada al gobernador regional Segismundo Cruces Ordinola, incluyendo el informe, el oficio de notificación y el plan de acción, bajo el marco de la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM sobre control simultáneo.

La sustentación de este procedimiento incluye el Oficio n.° 492-2024/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR, las actas mencionadas, la resolución de designación y el legajo del funcionario. Toda la información puede verificarse en los sistemas electrónicos de la Contraloría, conforme a la normativa vigente.