Un grave caso de abuso policial desató indignación en Cañete tras la difusión de un video en el que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) agreden a dos mujeres durante el desalojo de un predio. El incidente ocurrió en el asentamiento humano “Familias Unidas”, donde Patricia Tuanama y su hija de 16 años resultaron víctimas de violencia a manos de los uniformados.
Desalojo terminó en violencia
Durante el desalojo de un terreno en disputa, varias personas se resistieron a abandonar el lugar. Entre ellas, Patricia Tuanama y su hija, quienes fueron abordadas por agentes policiales mientras un grupo de testigos registraba la escena. Las imágenes muestran a un suboficial arrastrando y pateando a ambas que solo tratan de defenderse. Las escenas generaron fuertes reacciones en los vecinos y en redes sociales. En el video se escucha a las víctimas gritar y llorar mientras intentan que los efectivos cesen la agresión.
El suboficial Jaime Abrahan Arias Luciani fue identificado como el principal agresor. La Policía Nacional confirmó que tanto él como otros dos agentes involucrados enfrentan una denuncia penal por abuso de autoridad.
Autoridades piden disculpas y anuncian medidas
El general Javier Infante, jefe de la Región Policial Lima Sur, reconoció la gravedad del hecho y ofreció disculpas públicas en nombre de la institución. “Los tres efectivos policiales participantes de dicha diligencia se encuentran en calidad de detenidos en el Departamento de Investigación Criminal de Chilca por abuso de autoridad”, señaló.
La PNP confirmó que los agentes permanecerán bajo custodia mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias y determinar la responsabilidad individual de cada uno. Además, las víctimas acudieron al médico legista para evaluaciones ante los golpes sufridos. Según Patricia Tuanama, nunca representaron una amenaza para la integridad del operativo ni de los policías presentes.
Comunidad exige justicia
Tras el incidente, un nutrido grupo de vecinos se congregó frente a la comisaría de Chilca con pancartas y consignas en rechazo al abuso policial que incluso ocurrió frente a dos niñas pequeñas que escaparon de la escena. Los manifestantes demandaron respeto a los derechos humanos en los desalojos y castigos ejemplares para los responsables. Algunos denunciaron que los operativos de desalojo suelen estar acompañados de violencia desmedida, principalmente contra mujeres y personas en situación vulnerable.
El ministerio público y la Defensoría del Pueblo se sumaron con pronunciamientos, exigiendo celeridad en las diligencias y garantías para las víctimas y los testigos.
Casos recientes empañan imagen de la PNP
El caso de Cañete se suma a otros episodios recientes que han puesto en entredicho la conducta de algunos miembros de la Policía Nacional. Recientemente, nueve efectivos quedaron detenidos en tras ser acusados de sembrar drogas y armas a detenidos en distintos operativos. La investigación reveló prácticas sistemáticas en las que se fabricaban pruebas para justificar capturas, según información de la propia institución policial.
Por otro lado, el ex jefe del Grupo Terna, vinculado a importantes operativos de inteligencia, fue arrestado señalado como líder de una banda dedicada a la extorsión desde el interior de la institución. Esta organización operaba en barrios del sur de Lima, aprovechando el acceso a información y recursos policiales.
En días recientes, otra denuncia involucra a un coronel de la PNP acusado de abuso sexual contra una joven médico. La situación se encuentra bajo revisión judicial, mientras la sociedad demanda que se apliquen sanciones estrictas y se revise la formación en derechos humanos dentro del cuerpo policial.
Los recientes acontecimientos han reavivado el debate sobre el control interno y el proceso de selección de personal en las fuerzas del orden, así como la importancia de la vigilancia ciudadana y la transparencia en el accionar policial.
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