La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur ejecutó un operativo simultáneo que culminó con la detención preliminar de nueve miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho.
Según detalló el Ministerio Público, los detenidos formarían parte de la organización criminal denominada “Los incorregibles de San Juan de Miraflores“. De los implicados, ocho son suboficiales de segunda y tercera actualmente en actividad. Durante los años 2021 y 2022, prestaron servicios en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores, y luego fueron trasladados a otras unidades policiales, como la Depincri de Villa El Salvador, el Departamento de Operaciones Especiales y Orden Público (DEPOEOP) de Lima Sur, así como a la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte.
El noveno detenido es un coronel de la PNP en situación de retiro, capturado en su vivienda en el distrito de Santiago de Surco.
El operativo comprendió el allanamiento de 12 inmuebles en los distritos de San Juan de Miraflores, Pachacámac, Villa María del Triunfo, Carabayllo, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, San Vicente de Cañete y Ancón. Además, se intervinieron propiedades en el distrito de Casma, en la región Áncash, y se ejecutó una acción adicional en el penal Ancón I, donde se intervino a tres policías que cumplen prisión preventiva por hechos similares vinculados a casos en el Callao.
La intervención estuvo a cargo de 26 fiscales, quienes contaron con el apoyo de efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Acusaciones por presuntas prácticas ilegales
La investigación fiscal, liderada por el fiscal provincial Hugo Fredy Minaya Paulino, apunta a que los policías intervenidos habrían realizado operativos irregulares en los cuales colocaban armas de fuego y drogas ilícitas a personas intervenidas. Estas acciones habrían tenido como fin presentar a los detenidos como responsables de delitos graves, a fin de obtener beneficios personales y supuestos reconocimientos institucionales.
Según la tesis fiscal, estas prácticas se ejecutaban de manera sistemática y con una estructura coordinada. “Luego de los operativos, los implicados habrían exigido pagos de dinero a cambio de liberar a los intervenidos”, se detalla en el informe preliminar del Ministerio Público.
El aprovechamiento de antecedentes judiciales o policiales previos de algunas víctimas habría facilitado la construcción de supuestos casos ante la opinión pública y las instancias legales. El objetivo, de acuerdo con la investigación, era consolidar una apariencia de eficiencia operativa mientras se obtenían ingresos económicos ilegales.
El caso preocupación en la opinión pública por involucrar a policías activos, lo que podría tener un impacto en la percepción pública sobre la integridad en la institución encargada de velar por la seguridad ciudadana. Aunque las investigaciones aún se encuentran en curso, la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para vincular a los detenidos con la presunta organización criminal.
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