Organizaciones indígenas amazónicas exigieron al Congreso de la República archivar de manera inmediata el Proyecto de Ley N.º 11822/2024-CR, presentado por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi. La propuesta legal busca autorizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluso en aquellas de uso indirecto, donde está documentada la presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
El proyecto fue calificado como una amenaza grave a la vida, salud e integridad de estos pueblos en extrema vulnerabilidad. De aprobarse, al menos quince áreas naturales —como el Parque Nacional del Manu, el Alto Purús, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri— estarían en riesgo, pese a que han sido reconocidas por albergar PIACI.
Ausencia total de protección en el proyecto
La iniciativa legislativa no hace ninguna mención a los PIACI ni a su especial situación de riesgo, omitiendo el deber del Estado peruano de garantizar su derecho a la vida, la salud y el territorio, tal como establece la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú.
Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y las organizaciones que integran la Plataforma PIACI —entre ellas ORPIO, ORAU, FENAMAD, ARPI-SC, CORPIAA y COMARU—, la propuesta responde exclusivamente a intereses económicos que priorizan la explotación de recursos naturales por encima de los derechos humanos.
“Este proyecto es incompatible con los compromisos internacionales del Estado peruano y con los estándares de protección de derechos de los PIACI”, advierten.
El contacto puede significar la muerte
Los PIACI viven voluntariamente aislados y no tienen defensas inmunológicas frente a enfermedades comunes. Estudios antropológicos han demostrado que los primeros contactos con la sociedad mayoritaria han causado la muerte de entre el 33 % y el 50 % de sus integrantes en menos de cinco años. Por ello, el contacto forzado derivado de actividades extractivas podría tener consecuencias irreparables, incluyendo su exterminio físico y cultural.
La Plataforma PIACI recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que las actividades extractivas en territorios de pueblos en aislamiento constituyen una de las principales amenazas a su supervivencia, y que los Estados tienen la obligación de prevenir daños irreversibles.
Además, el documento advierte que de aprobarse este proyecto, se podría incurrir en violaciones al derecho internacional, específicamente a la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por el Perú. Las consecuencias podrían ser tipificadas como tentativa de genocidio o instigación a cometerlo.
Antecedentes y amplio rechazo técnico
No es la primera vez que se intenta viabilizar actividades extractivas en zonas protegidas. En 2023, Perupetro S.A. presentó una iniciativa casi idéntica, la cual fue categóricamente rechazada por el Ministerio del Ambiente (MINAM), al considerar que ponía en riesgo la biodiversidad, los ecosistemas frágiles y los corredores biológicos.
Por su parte, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) también concluyó que la propuesta era inconstitucional, ya que afectaba directamente la función de conservación de las ANP. A estas críticas se sumaron voces del ámbito académico, científico, organizaciones no gubernamentales, colectivos interreligiosos y de sociedad civil, que expresaron su firme rechazo a cualquier norma que debilite la protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.
Llamado urgente a archivar la iniciativa
Las organizaciones indígenas demandan que las comisiones del Congreso con competencia en el tema —como la Comisión de Energía y Minas y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos— archiven de forma inmediata el proyecto de ley. También instan al Ministerio del Ambiente (MINAM) y al Ministerio de Cultura (MINCUL) a emitir dictámenes técnicos desfavorables.
“El Congreso tiene la oportunidad de estar a la altura de sus obligaciones constitucionales y del estándar internacional en derechos humanos”, señala la carta múltiple enviada por AIDESEP y la Plataforma PIACI.
“La vida de pueblos enteros está en juego. No hay lugar para la indiferencia ni para el cálculo político”, concluyen.
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