El burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, informó este miércoles que la Municipalidad Metropolitana (MML) no pagará la defensa legal solicitada por la exalcaldesa Susana Villarán, quien actualmente enfrenta un juicio oral por los presuntos aportes millonarios de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014.
“Después de haber quebrado la municipalidad, la alcaldesa ladrona, sinvergüenza, todavía quiere plata para abogado. No pues. Saque plata de lo que ha robado y pague a su abogado”, dijo en un acto oficial realizado en el distrito de Puente Piedra.
“De la MML, nada. (...) Se ha robado, dicho por ella misma, más de 10 millones de dólares. De ahí, de lo que ha robado, saque para su abogado. No sea fresca, por no decir otra cosa”, continuó de manera irónica.
Mediante un escrito presentado a mediados de julio, Villarán solicitó formalmente a la comuna que le “brinde defensa legal institucional” para enfrentar un proceso penal por presunta colusión agravada y negociación incompatible, por hechos ocurridos durante su gestión entre 2011 y 2014.
“Me dirijo a usted (...) con la finalidad de solicitar, al amparo del numeral i) del artículo 35 de la Ley 30057 y el artículo 154 del Decreto Supremo 040-2014-PCM, que se me brinde defensa legal institucional, conforme a las disposiciones vigentes, dado que he sido comprendida en calidad de imputada”, se lee en el documento.
El proceso penal, actualmente en etapa intermedia ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, está vinculado a presuntas irregularidades en la obra de recuperación de la Plaza de la Bandera, específicamente en el otorgamiento de valorizaciones adicionales al Consorcio Villa.
Villarán precisó que los hechos ocurrieron durante su gestión como alcaldesa y como presidenta del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET). Aunque el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del caso, la Procuraduría Pública presentó oposición, lo que mantiene el proceso vigente.
Como sustento a su solicitud, adjuntó la notificación judicial vinculada al requerimiento mixto emitido por la Fiscalía y la oposición formulada por la Procuraduría. Incorporó también el compromiso de reembolso y devolución, junto con una propuesta para la defensa.
En el banquillo
A inicios de julio, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso a la exalcaldesa un impedimento de salida del país por 36 meses. En noviembre del año pasado, el mismo juzgado emitió auto de enjuiciamiento contra Villarán, otras 20 personas naturales y 10 jurídicas, por los presuntos delitos de organización criminal, corrupción de funcionarios, lavado de activos, entre otros.
La acusación se relaciona con el supuesto financiamiento ilegal de las campañas contra la revocatoria de 2013 y de reelección municipal en 2014. Entre las personas naturales están los exfuncionarios municipales José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano, Guillermo Loli, entre otras.
Mientras que entre las empresas están Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson, entre otras. Según el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, la exalcaldesa habría recibido 10 millones de dólares de las constructoras Odebrecht y OAS para sostener ambas campañas. Por estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 29 años de prisión.
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