Instituto pedagógico en Trujillo sufre robo cibernético de más un millón de soles desde sus cuentas del Banco de la Nación

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica, ubicada en la región La Libertad, denunció haber sido víctima de un robo cibernético por más de un millón de soles, dinero que había sido depositado en sus cuentas del Banco de la Nación. Según el director de la institución, Arcadio Jara, el monto sustraído era parte de los ahorros acumulados durante los últimos cinco años, destinados a cubrir compromisos con proveedores y realizar mejoras en el mobiliario del plantel.

Jara informó a RPP que el hecho fue detectado el 31 de julio, luego de que el acceso a la plataforma virtual del Banco de la Nación se encontrara bloqueado sin explicación clara. Poco después, el personal del instituto recibió una llamada de un supuesto funcionario del banco, quien solicitó datos generales —aunque no las claves—, situación que generó sospechas. Ese mismo día, se detectaron tres transferencias no autorizadas por un total que supera el millón de soles.

Director exige investigación

Ante la magnitud del perjuicio económico, el director ha solicitado la intervención inmediata de la Policía Nacional y del Ministerio Público. En su denuncia formal, ha pedido que se identifique a los responsables y se logre la devolución del dinero, el cual estaba destinado a necesidades prioritarias del centro educativo. “Este dinero era fruto del ahorro institucional durante cinco años. No podemos permitir que este tipo de delitos quede impune”, señaló Jara.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad educativa, ya que el monto perdido afecta directamente al desarrollo operativo de la institución. Además, se teme que existan fallas en la seguridad del sistema bancario estatal, especialmente en el manejo de fondos públicos de instituciones educativas y entidades del Estado.

Posible patrón delictivo

Arcadio Jara también advirtió que este robo no sería un hecho aislado. Según comentó, los responsables del delito podrían estar vinculados a casos similares ocurridos recientemente en otras regiones como Piura, Cajamarca y Arequipa. En todos ellos, se habrían utilizado tácticas similares, como el bloqueo de la plataforma web del banco y llamadas engañosas, para vulnerar las cuentas institucionales.

Una de las denuncias más recientes ocurrió en Cajamarca, donde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones reportó el robo de S/ 334 mil el pasado 30 de julio, también desde una cuenta del Banco de la Nación. En ese caso, la pérdida se produjo tras una estafa telefónica dirigida a funcionarios de la entidad.

El tesorero de la entidad, David Peralta, informó a RPP que el fraude se inició tras recibir una llamada de un supuesto trabajador del Banco de la Nación, quien ya manejaba información detallada sobre las cuentas institucionales. Al detectar movimientos sospechosos, Peralta solicitó de inmediato el bloqueo de las cuentas emisora y receptora, pero la reacción tardía del banco permitió que los estafadores concretaran el retiro del dinero a través de un cheque de gerencia en Lima. Según explicó el director de la entidad, Juan Quiroz Saldaña, los fondos robados —provenientes de garantías del Tesoro Público y de una cuenta de recaudación institucional— habrían sido desviados de forma fraudulenta a una cuenta a nombre de la empresa H&H Constructora & Consultora S.A.C..

Crecen los cuestionamientos

La seguidilla de casos ha encendido las alertas sobre la seguridad digital del Banco de la Nación, que alberga gran parte de los fondos públicos del país. Especialistas en ciberseguridad han señalado que estos hechos podrían evidenciar vulnerabilidades sistemáticas que requieren atención inmediata. Hasta el momento, el banco no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso específico del Instituto Indoamérica ni sobre los demás reportes regionales.

En tanto, las instituciones afectadas esperan respuestas concretas y el resarcimiento del dinero perdido, mientras la ciudadanía exige mayor vigilancia, transparencia y protocolos de protección ante el aumento de delitos informáticos que afectan recursos públicos en distintas zonas del país.