En América Latina, solo dos países han salido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Trinidad y Tobago y Venezuela. Ahora, el Ejecutivo, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, ha reabierto el debate en torno a un eventual retiro del Perú del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Cabe señalar que no es la primera vez que el gobierno peruano discute este tema. Durante el régimen de Alberto Fujimori, se planteó y se tomó una decisión sobre el retiro de la competencia contenciosa de la Corte, pero el proceso no se culminó.
El magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa, se pronunció tras el anuncio de la creación de una comisión para evaluar la eventual salida del pacto. Ochoa fue enfático al advertir que abandonar este sistema es una decisión que, históricamente, solo han tomado regímenes con tendencias autoritarias.
“Retirarnos de la Corte implica denunciar el Tratado, es decir, denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y quiénes hacen eso en la región? Ustedes saben quiénes hacen eso en la región (...) Y hay otros personajes con tendencias autoritarias que son los que preconizan retirarnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos“, señaló en entrevista con RPP.
Por esta razón, la decisión de salirse de la Corte debe ser analizada ampliamente, evaluando los costos y beneficios. En ese sentido, Ochoa remarcó que los beneficios de permanecer en el sistema interamericano son ampliamente superiores.
“Siempre hay costos y beneficios que analizar, y en este caso creo que definitivamente es conveniente para el Perú y para los ciudadanos estar dentro del sistema interamericano de derechos humanos”, sostuvo.
Ochoa recordó las intervenciones de la Corte IDH en el Perú en defensa de los derechos humanos.
“El caso del señor Baruch Ivcher, que fue privado de su nacionalidad para que ya no manejara un canal de televisión. Y tenemos otros casos muy importantes en materia de protección de los derechos humanos”, recordó.
Casos Venezuela y Trinidad y Tobago
Hasta la fecha, solo dos países han formalizado su retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): Trinidad y Tobago y Venezuela. Cada uno tomó la decisión en contextos distintos y por motivos relacionados con la presión internacional sobre sus políticas internas.
Trinidad y Tobago denunció el Pacto en 1998. El principal motivo fue la oposición del Estado caribeño a la actuación de la Corte IDH en temas relacionados con la pena de muerte. Las autoridades de ese país consideraron que el tribunal internacional obstaculizaba la aplicación de condenas capitales, en especial ante los fallos que ordenaban proteger el derecho a la vida de los sentenciados.
En palabras del gobierno de entonces, la Corte “restringía la soberanía” para ejecutar sus propias leyes, en un contexto de altos índices de criminalidad y demandas locales de mano dura.
Por su parte, Venezuela formalizó su salida en 2012. El gobierno de Hugo Chávez acusó a la Corte IDH de emitir fallos “parcializados y contrarios a los intereses nacionales”. Según el Estado venezolano, el tribunal incumplía los principios de imparcialidad al interferir en asuntos internos y cuestionar decisiones judiciales del país relacionados con derechos civiles y políticos. Venezuela argumentó que la permanencia en la Corte significaba “una amenaza para la estabilidad y la autodeterminación nacional”.
Tras sus retiros, ambos países enfrentaron cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales. En los dos casos, la denuncia no exime la responsabilidad sobre hechos previos a su salida. Además, los ciudadanos de ambos países perdieron la posibilidad de acceder a la Corte para denunciar la vulneración de derechos humanos por parte de sus gobiernos.
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