El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) del Perú emitió un comunicado el 26 de julio de 2025 rechazando la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de suspender el trámite del Proyecto de Ley N.° 7549/2023-CR, que busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa involucrados en violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. La información fue difundida oficialmente por el MINJUSDH a través de su sitio web y redes institucionales.
La Corte IDH exige detener el proceso legislativo
La intervención de la Corte IDH se enmarca en los casos emblemáticos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú, en los que el Estado peruano fue hallado responsable por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto interno. El tribunal internacional ordenó al Estado peruano suspender de inmediato el trámite de la ley de amnistía y, en caso de ser aprobada, abstenerse de aplicarla.
La Corte también convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto de 2025, en la que participarán representantes del Estado peruano, de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de evaluar la posible adopción de medidas provisionales.
El Estado peruano alega intromisión en su soberanía
La respuesta del gobierno peruano fue contundente. El MINJUSDH acusó a la Corte IDH de exceder sus competencias y de contravenir el derecho internacional. Según el comunicado, “las reiteradas disposiciones de la Corte contravienen el derecho internacional, pues no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual recae el mandato que le otorgaron los estados a dicho tribunal”.
El gobierno sostuvo que la Corte no tiene la facultad de sustituir a las autoridades nacionales ni de imponer acciones sobre materias que aún no han sido resueltas en sede interna. “Afecta no solo la soberanía del Perú, sino también debilita el propio Sistema Interamericano”, señaló el ministerio.
El pronunciamiento enfatiza el principio de subsidiariedad y el carácter complementario de la jurisdicción internacional, recordando que los Estados tienen un rol primario en la protección de los derechos humanos.
¿Qué propone la ley de amnistía?
El Proyecto de Ley 7549/2023-CR, impulsado por el congresista Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas y actual representante de Renovación Popular, fue aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio. La iniciativa cuenta con el respaldo de varias bancadas conservadoras, entre ellas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia.
La ley busca otorgar amnistía a efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y a miembros de los comités de autodefensa que hayan sido denunciados, investigados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000, en el contexto de la lucha contra el terrorismo.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas han advertido que esta medida implicaría una grave vulneración al principio de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y pondría en riesgo los avances alcanzados en materia de verdad, justicia y reparación.
Participación del Estado en la audiencia internacional
A pesar de su rechazo a la resolución, el gobierno peruano ha confirmado su participación en la audiencia convocada por la Corte IDH. El MINJUSDH informó que enviará agentes acreditados que defenderán la posición del Estado con argumentos fácticos y jurídicos.
“En el marco del irrestricto respeto de sus obligaciones jurídicas internacionales, el Perú participará en la audiencia convocada para el próximo 21 de agosto”, señala el comunicado oficial. Esta posición refleja una tensión entre el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y la defensa de la soberanía estatal.
Un nuevo capítulo en la tensión entre justicia internacional y decisiones internas
La controversia desatada entre la Corte IDH y el Estado peruano reabre el debate sobre los límites de la justicia internacional frente a las decisiones soberanas de los Estados. Mientras organismos internacionales sostienen que no puede haber impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, algunos sectores políticos peruanos argumentan que es necesario “reivindicar” a quienes lucharon contra el terrorismo, incluso si eso significa dejar sin efecto condenas o procesos en curso.
La discusión promete mantenerse vigente en las próximas semanas, a medida que se acerque la audiencia en San José, Costa Rica, donde la Corte IDH tiene su sede, y mientras el Congreso decide si continúa o no con el trámite del polémico proyecto de ley.
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