La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República rechazó este viernes admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra su antecesora, Patricia Benavides Vargas. El informe final, sustentado por el abogado Sergio Bringas, recomendaba proceder con la investigación por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal.
La decisión fue adoptada sin debate previo, con 7 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones, lo que determinó el archivamiento del caso. La falta de discusión generó críticas desde diversos sectores, que esperaban un debate público sobre la denuncia.
Votaron en contra los congresistas de Fuerza Popular Martha Moyano, Nilza Chacón, Nelcy Heidinger, Víctor Flores y Héctor Ventura; Esdras Medina (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia). A favor se pronunciaron María Acuña y Segundo Quiroz (APP), Luis Aragón (Acción Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Jorge Coayla (Juntos por el Perú) y Milagros Jáuregui (Renovación Popular). Se abstuvieron Flavio Cruz y Américo Gonza, ambos de Perú Libre.
Señalan indicios razonables de delito
Durante la exposición del caso, Bringas argumentó que la denuncia cumplía con los requisitos formales y contenía “fundados y razonables elementos indiciarios preliminares” que permitían presumir la comisión de los delitos imputados. “La conducta de la denunciada se estaría subsumiendo al tipo penal imputado”, sostuvo.
Entre las pruebas presentadas se incluyó la supuesta interferencia de Benavides en el proceso de nombramiento de fiscales provisionales, con el objetivo de beneficiar a terceros que eran investigados por el Ministerio Público. “Habría un patrón de intercambio de favores y tráfico de influencias con agentes externos al sistema fiscal”, remarcó el abogado.
Nombramiento cuestionado
El caso se centra en la designación del abogado Abelardo César Caycho Ramis como fiscal provincial provisional del Segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa (Lima Noreste). Según la denuncia, Benavides habría requerido al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Noreste que incluyera a Caycho en la terna de candidatos, pese a que este “no contaba con el perfil ni la experiencia necesaria para asumir el cargo”, según explicó Bringas
Dicho nombramiento habría sido parte de una “contraprestación ilícita” acordada con el abogado Jefferson Gerardo Moreno Nieves, en representación del investigado Jorge Luis Castillo Alva, vinculado al caso Cuellos Blancos del Puerto. “No se trató de una designación técnica, sino de una negociación para proteger intereses personales”, aseguró el letrado.
Intercambio de favores
De acuerdo a la Fiscalía, la designación de Caycho habría buscado favorecer directamente a Castillo Alva, quien mantenía una denuncia penal en trámite contra Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte del Callao e implicado en la misma red criminal. Al colocar a un fiscal de su confianza, Castillo Alva habría intentado influir en el curso de dicha investigación.
“La fiscal de la Nación habría permitido que un agente externo al Ministerio Público, como Castillo Alva, influya en el nombramiento de fiscales a cambio de beneficios personales”, agregó Bringas, señalando que esta maniobra vulneraría la autonomía del sistema de justicia.
Informe policial habría respaldado a Benavides
Uno de los elementos más relevantes del presunto acuerdo ilícito fue la participación del efectivo policial Jorge Rodríguez Menacho, quien habría elaborado un informe pericial telefónico favorable a Benavides. Este documento fue presentado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y tenía como objetivo desacreditar su presunto vínculo con Edwin Camayo Valverde, sindicado como operador de Cuellos Blancos.
“El informe concluía que no existían actas de comunicación entre los números telefónicos de Camayo Valverde y Patricia Benavides Vargas”, explicó Bringas. Esta supuesta evidencia fue presentada por Benavides ante la JNJ como prueba de descargo en su defensa institucional.
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