Federación Internacional de Periodistas exige garantías para reportera amenazada de muerte en Áncash

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) rompió su silencio y se sumó a la ola de repudio que ha generado el caso de Gudelia Gálvez Tafur, directora del medio digital Huaraznoticias.com, quien ha sido objeto de amenazas de muerte tras publicar investigaciones sobre presuntas irregularidades en obras públicas en la ciudad de Huaraz, región Áncash.

Mediante un comunicado oficial difundido este 14 de julio, la FIP expresó su preocupación por la escalada de violencia contra periodistas en el Perú y solicitó al Estado peruano tomar acciones urgentes para garantizar la seguridad y el derecho al trabajo de Gálvez. La organización, que agrupa a más de 600.000 comunicadores en 146 países, advirtió que este tipo de ataques vulnera gravemente la libertad de prensa y debe ser tratado como una amenaza contra la democracia.

FIP exige investigación inmediata y garantías para la periodista

La FIP, con sede en Bruselas, calificó de alarmante el hecho de que las amenazas contra la periodista incluyeran detalles personales, mensajes intimidatorios, fotografías de armas y referencias explícitas a su familia. Además, cuestionó la actuación de la Policía Nacional del Perú, en particular de la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Huaraz, cuyos agentes se negaron a recibir la denuncia formal de Gálvez bajo el argumento de que “no había delito consumado”.

“La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con Gálvez y junto a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú repudia este hecho y reclama una pronta investigación y las garantías necesarias para preservar la seguridad y el derecho al trabajo de nuestra colega”, señala el comunicado emitido por la federación, que mantiene una vigilancia activa sobre el caso junto a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

La FIP también recordó que en lo que va del 2025, dos periodistas han sido asesinados en Perú, lo que refleja un preocupante incremento en la violencia contra la prensa. Casos como los de Gastón Medina y Raúl Celis —mencionados por la ANP— fueron citados como antecedentes que agravan el contexto de riesgo en que trabajan muchos comunicadores en el país.

En su pronunciamiento, la organización internacional hizo un llamado a las autoridades peruanas para que se identifique a los responsables de las amenazas, se active el protocolo de protección a periodistas en riesgo, y se sancione a los funcionarios policiales que obstaculizaron el derecho a denunciar.

Gudelia Gálvez denunció amenazas tras exponer obras públicas financiadas con canon minero

La periodista Gudelia Gálvez Tafur, directora del medio digital Huaraznoticias.com, comenzó a recibir amenazas de muerte el 4 de julio de 2025, luego de publicar una serie de reportajes sobre presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas en Huaraz, financiadas con recursos del canon minero. Los mensajes intimidatorios llegaron a su celular a través de WhatsApp, desde un número desconocido, exigiéndole reunirse con el remitente. Al ignorar la solicitud, las amenazas se intensificaron rápidamente.

En los días siguientes, Gálvez recibió mensajes con información personal sobre su familia, así como fotografías de armas y municiones, una clara advertencia sobre el nivel de peligro al que estaba expuesta. En uno de los textos se leía: “Estás que maleteas a mi obra en Huaraz. Una más y te mueres”. También se le enviaron videos con contenido violento, lo que agravó el nivel de amenaza directa. Según relató, los reportajes que generaron estas represalias se basaban en informes oficiales de la Contraloría General de la República.

El 9 de julio, acompañada por su abogado, Gálvez acudió a la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Huaraz para presentar una denuncia formal. Sin embargo, la Policía se negó a recibir su declaración, argumentando que no podían actuar hasta que el delito “se haya consumado”. La fiscal Rocío Príncipe, del Ministerio Público, ha solicitado medidas de protección para la periodista y su familia, pero hasta la fecha no se han implementado acciones concretas.