Alfonso López Chau en la mira de la Fiscalía: es investigado por presuntamente beneficiar a trabajadora en la UNI

Alfonso López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y precandidato presidencial, enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. La pesquisa apunta a su gestión como máxima autoridad universitaria y se centra en la designación de Sonia Ana Ulloa como secretaria general de la casa de estudios, en circunstancias que habrían implicado irregularidades administrativas y un perjuicio económico para el Estado.

De acuerdo a la investigación a la que accedió Milagros Leiva Entrevista, se le cuestiona haber designado a la mujer sin la aprobación del Consejo Universitario ni el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Estatuto y el Manual Operativo de la Secretaría General de la UNI. La normativa universitaria establece de manera expresa que el rector puede proponer candidatos, pero la aprobación final corresponde al consejo, lo cual no habría sucedido en este caso.

Además, conforme a su legajo personal, Sonia Ulloa incumplía varios de los requisitos para acceder al cargo de secretaria general. Entre estos, se requiere ser docente, poseer experiencia específica en la función, y haber ostentado previamente el cargo de jefe de área o departamento por al menos cinco años.

Otro punto crítico que analiza el Ministerio Público es el hecho de que, al momento de ser designada como secretaria general de la UNI, Ulloa seguía laborando para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), situación que la normativa vigente prohíbe para ocupar simultáneamente dos cargos públicos.

Por si no fuera poco, también se añade el señalamiento sobre un incremento notable de su remuneración en un periodo breve: el sueldo mensual de Ulloa pasó de 9,000 a 13,500 soles en menos de tres meses desde su designación. La justificación del aumento fue objeto de revisión fiscal, que apunta a posibles inconsistencias en el presupuesto institucional y la existencia de un perjuicio económico.

Testimonios recabados durante la investigación incluyen la declaración indagatoria de la propia Ulloa, quien admitió tener una relación directa de confianza con López Chau. “El rector me indicó que no confiaba en otra persona”, declaró en su oportunidad, aunque luego matizó su versión. Esta confesión es considerada por los investigadores como un indicio importante de posible favoritismo y vulneración de los procesos de selección pública.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una pena de cinco años de cárcel para Alfonso López Chau en calidad de autor del delito de colusión. Adicionalmente, plantea la inhabilitación de Ulloa y el precandidato presidencial para ejercer cargos públicos por doce años y seis meses. La Fiscalía cree que existen elementos suficientes para que el caso pase a juicio oral, escenario donde un tribunal podría determinar la responsabilidad penal de los implicados.

Mientras tanto, el proceso avanza en un contexto marcado por la exposición mediática del exrector, quien recientemente expresó su apoyo público a la fiscal Delia Espinoza, hecho que ha generado suspicacias acerca de sus motivaciones y el proceder de la justicia en casos con protagonistas políticos.