Jefe de PNP confirma que agente disparó en paro minero en Chala y causó muerte de joven: “Estamos viendo la identificación plena”

La reciente jornada de protestas en el distrito de Chala, ubicado en la provincia arequipeña de Caravelí, dejó una víctima mortal. Alexander Checa Montalvo, de 27 años, murió tras recibir un impacto de bala durante el enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y un grupo de mineros informales. Su caso encendió la alarma sobre el uso de la fuerza en operativos estatales.

Pese a que algunos medios lo señalaron como parte de la protesta, sus familiares desmintieron esa versión. Según dijeron, Checa era conductor de taxi y se encontraba trabajando cuando fue alcanzado por un proyectil. La necropsia confirmó que la bala ingresó por el tórax. Días después, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, reconoció públicamente que el disparo provino de un arma policial.

La versión de la familia

Los primeros en rechazar que Alexander Checa fuera parte de la movilización fueron sus propios familiares. “Él era taxista. No estaba bloqueando vías ni lanzando piedras. Estaba trabajando”, declaró su tío Juan Chipana Joaquira a RPP Noticias. La víctima había salido temprano ese viernes para realizar su rutina habitual en el distrito de Chala, cuando se desató el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes.

Su cuerpo fue hallado dentro de la zona urbana, alejado del epicentro de la protesta. La familia sostiene que fue alcanzado por una bala mientras transitaba con su vehículo. Desde el momento de su muerte, pidieron que se investigue a fondo el caso y que no se lo vincule de manera injusta a un movimiento que —según afirmaron— nunca integró.

Confirmación del general Zanabria

El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, confirmó que el disparo que causó la muerte de Alexander Checa Montalvo fue realizado por un agente policial y que ya se han iniciado las diligencias para identificar al responsable. “Estamos viendo la identificación plena con las pericias necesarias”, declaró en el programa Prueba de fuego, de RPP TV. Indicó que las pericias balísticas, junto con el análisis de imágenes captadas por drones, forman parte de la cadena de custodia del caso.

Zanabria sostuvo que el enfrentamiento en Chala fue “violento”, debido al uso de “llantas quemadas y cachorros de dinamita” por parte de los mineros informales. Según su versión, Alexander se encontraba en un cerro desde donde, presuntamente, se lanzaban ataques contra los efectivos del orden. “Tenemos evidencia fílmica que lo ubica en el cerro, donde estaban atacando al personal policial. Y tenemos el video donde él recibe posiblemente el impacto del disparo en ese lugar”, agregó el jefe policial.

El resultado de la necropsia

El informe del Instituto de Medicina Legal de Arequipa determinó que Alexander falleció a causa de una hemorragia masiva provocada por un proyectil de arma de fuego. La bala ingresó por el pecho y no dejó posibilidades de auxilio. La necropsia fue remitida al Ministerio Público para que forme parte del expediente fiscal abierto por el caso.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí viene desarrollando una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio. La abogada pública asignada al caso, enviada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representa a los deudos. El Estado activó este mecanismo tras confirmarse que la víctima no estaba involucrada en los hechos violentos del paro.

El contexto del paro minero

El enfrentamiento ocurrió en medio del paro minero nacional convocado por trabajadores informales que reclaman cambios en la normativa que regula la actividad extractiva. En Chala, la protesta escaló con bloqueos en la Panamericana Sur, quema de neumáticos y presencia de civiles armados con objetos contundentes. La PNP desplegó unidades especializadas para restablecer el tránsito, lo que derivó en enfrentamientos con los manifestantes.

Según cifras oficiales, al menos 18 agentes resultaron heridos durante el operativo. También se reportó la detención de ocho personas, quienes permanecerán bajo arresto preliminar durante siete días. La intervención generó críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigieron esclarecer si se respetaron los protocolos de uso de la fuerza.