El oro ilegal ya es más rentable que la droga. Así lo advirtió Silvia de la Cruz, directora general contra el crimen organizado del Ministerio del Interior, durante una entrevista con Latina Noticias. Según la funcionaria, la minería ilegal ha alcanzado niveles de expansión tan altos que hoy constituye una economía más lucrativa y destructiva que el narcotráfico. El cual operaría con redes transnacionales y generando una ola de criminalidad que va desde la trata de personas hasta la extorsión.
“La minería ilegal trae consigo delitos conexos como trata, sicariato, extorsión. Es una problemática muy grande que estamos enfrentando”, afirmó. La funcionaria señaló que, mientras el kilo de clorhidrato de cocaína se comercializa a unos 2.000 dólares, el kilo de oro puede alcanzar los 100.000 dólares en el mercado negro, lo que ha hecho que muchas organizaciones criminales migre hacia este rubro por su alta rentabilidad y menor riesgo.
Ante ello, el Estado desplegará la ‘Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030′, en coordinación con 16 entidades públicas. El objetivo, según De la Cruz, es atacar toda la cadena delictiva, desde la extracción, el desvío de insumos, transporte de maquinaria, hasta la exportación ilegal del mineral.
Medidas frente a la expansión del oro
Durante la entrevista, la representante del Mininter explicó que la estrategia no se basa únicamente en operativos de interdicción, es decir, en destruir dragas o campamentos, sino en un enfoque integral para debilitar la estructura económica y logística de estas mafias.
“Cuando me hablas de interdicción, estamos hablando de que la policía entra, revienta las dragas. Pero cuando hablamos de reducción, estamos atacando también el desvío de explosivos, maquinarias, insumos químicos”, detalló.
Uno de los focos actuales de intervención es Pataz, en La Libertad, donde se han instalado puestos de control multisectoriales con participación de la Sunat, Migraciones, el Ministerio de Defensa y la Dirección de Medio Ambiente de la PNP. Sin embargo, De la Cruz advirtió que las organizaciones criminales ya se están expandiendo por el río Nanay, Santa María de Nieva, Apurímac y zonas del Cenepa, entre otras áreas vulnerables.
El oro ilegal, afirmó, no solo circula en territorio peruano. “Tenemos oro que sale por Bolivia, por Ecuador y llega incluso a Europa. Esto ya es una red transnacional. El Perú no puede combatirlo solo”, sostuvo. En ese sentido, destacó la cooperación internacional, especialmente con la Unión Europea, para fortalecer equipos especializados en delitos ambientales y en la protección de líderes indígenas.
Reinfo bajo cuestionamiento de fiscales
En paralelo a los esfuerzos desde el Ejecutivo, el Congreso debate la nueva Ley MAPE (de minería artesanal y pequeña minería), mientras se evalúa una nueva ampliación del Reinfo.
Para el Ministerio Público, esta herramienta se ha convertido en un “escudo legal para los mineros ilegales”, que la usan para operar sin cumplir con los requisitos ambientales ni de seguridad.
Fiscales especializados en minería han alertado que miles de inscritos en el Reinfo nunca formalizaron sus operaciones, pero siguen extrayendo oro en zonas prohibidas bajo una figura “en trámite”. Por eso, han rechazado cualquier intento de extender nuevamente el plazo, como lo vienen solicitando sectores del Parlamento y grupos de presión vinculados a los mineros informales.
Desde la Comisión de Energía y Minas del Congreso, su presidente Paul Gutiérrez admitió que hay presiones para hacer ajustes a la ley. “No podemos hacernos los ciegos y los sordos frente a esta realidad. Ya están impidiendo el libre tránsito en varias regiones”, dijo, en alusión a las protestas de mineros. Sin embargo, el Ministerio del Interior y la Fiscalía coinciden en que cualquier flexibilización abriría la puerta al fortalecimiento de economías criminales.
El reto del Estado
De la Cruz también remarcó que la lucha contra la minería ilegal no será efectiva sin más presupuesto y refuerzo logístico. “Fortalecer a nuestra Policía Nacional es urgente. Nos falta personal, logística y recursos para continuar”, señaló.
Pese a ello, aseguró que el Estado ya está dando pasos concretos, como la formación de grupos especializados multidisciplinarios en minería ilegal, trata de personas y homicidios de líderes indígenas. “Estamos trabajando con todos los gremios, incluso en campañas de cultura de la denuncia”, precisó.
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