El terror se afianzó en el transporte público peruano. Solo en lo que va de 2025, la violencia ligada a las mafias de extorsión dejó 27 víctimas mortales y más de 30 atentados contra trabajadores y empresas del sector. La estadística revela una realidad alarmante: el negocio ilícito de los “cupos” no solo no cede, sino que cobra más víctimas, y sobrevive gracias a su alcance en casi toda la red formal de transporte urbano.
Amenazas cotidianas y cupos diarios
Los testimonios de conductores y dirigentes muestran el grado de inseguridad. “Amenazan con armas de fuego, se suben a los carros diciendo que no están pagando los cupos. Nosotros aportamos cinco soles diarios”, narra un transportista. No se trata de casos aislados. Martín Valeriano, dirigente del gremio, señaló a 24 Horas Noticias que más del 80% de las empresas de transporte ya se encuentra bajo el pago forzado de estas mafias.
La situación afecta rutas como la de Carabayllo a San Luis, donde los asesinatos del chofer Edgar Bautista y del cobrador Carlos Ríos elevaron a cuatro el número de víctimas mortales de esa línea en 2025. Los conductores ahora buscan alternativas para sobrevivir y algunos analizan migrar hacia otras rutas, aunque la amenaza sigue latente en todo el sector.
Un sector paralizado por el miedo
La rutina de los choferes y cobradores consiste en salir a trabajar sin saber si regresarán a casa. El hostigamiento no se limita a los transportistas. Los pasajeros también sufren las consecuencias. “Antes tomaba esta línea todos los días, ahora tengo que cambiar dos veces de carro o caminar hasta la avenida”, señala una usuaria. Muchos viven con el temor constante a un tiroteo en plena vía, en manos de sicarios que atacan a los colectivos que “no pagan”.
El impacto de la extorsión se refleja incluso en la disminución de las unidades en circulación. En Carabayllo, menos del 5% de los buses de la empresa afectada sigue operando, según constató un recorrido periodístico. El silencio domina el ambiente: los pocos choferes que aún conducen evitan hablar, conscientes de que cualquier declaración puede significar una sentencia de muerte.
Gobiernos ausentes, pasajeros desprotegidos
La respuesta del Estado y de las autoridades policiales, según los testimonios recogidos, resulta insuficiente. Más de 27 muertos, más de 30 atentados y más del 80% de empresas pagando estos cobros. “¿Qué está haciendo el Gobierno?”, reclama uno de los trabajadores. Quienes aún mantienen sus rutas lo hacen bajo la sensación de haber sido abandonados a su suerte.
Las paradas y terminales permanecen desprotegidos, mientras las bandas criminales expanden sus redes a otras líneas como 'El Rápido’ o ‘Los Chinos’, ambas afectadas también por la extorsión y las amenazas de muerte.
El temor se convirtió en el nuevo compañero de viaje para conductores y usuarios por igual. “Uno sale y no sabe si va a volver a casa”, repite una pasajera. El gremio de transportistas anunció un posible paro indefinido como protesta ante la falta de soluciones.
El mensaje a las autoridades permanece sin respuesta cñara. “Un llamado a la presidenta para que ponga mano dura, pero ella se hace de la vista gorda. No le importa la vida de nadie”, expresa otra usuaria.
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