La protesta de los mineros informales en Lima protagonizó un violento enfrentamiento con la Policía Nacional del Perú (PNP) en la avenida Abancay, frente al Congreso de la República. Los manifestantes, que ya se encontraban en la capital, llevaban más de una semana acampando en un tramo de la avenida Abancay, intentaron trasladarse nuevamente hacia los exteriores del Parlamento, lo que derivó en una confrontación con las fuerzas del orden.
Efectivos policiales reaccionaron rápidamente, y cerraron el paso a los manifestantes con rejas y empleando gases lacrimógenos para evitar que se reinstalaran en la zona. Este enfrentamiento ha provocado la restricción del tránsito vehicular en la zona, generando caos y congestión en una de las principales arterias de la capital. Sin embargo, la presencia de los mineros informales se mantiene en la zona. Afortunadamente no se han reportado heridos hasta el momento.
Desde hace varios días, los mineros informales mantienen bloqueadas carreteras a nivel nacional y han amenazado con radicalizar sus protestas hasta que se extienda el proceso de formalización sin restricciones y se reincorporen los 50 mil mineros excluidos. Esta situación ha generado una creciente tensión a nivel nacional, afectando la estabilidad en varias regiones cuyos accesos terrestres permanecen bloqueados, lo que agrava aún más el conflicto.
¿Qué exigen los mineros informales?
Los mineros informales han intensificado sus protestas tras la exclusión de su sector en la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y el reciente rechazo del Congreso al proyecto de ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). La Comisión de Energía y Minas archivó esta propuesta, lo que desató una serie de movilizaciones en diversas regiones del país. Los gremios mineros han señalado que esta decisión afecta a miles de trabajadores que buscan formalizarse y acceder a beneficios legales.
Ante la situación, la Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (CONFEMIN PERÚ), liderada por Máximo Franco, anunció que las protestas se radicalizarán. Franco expresó que convocarán a todas las bases, comunidades y organizaciones del país para continuar con las movilizaciones. Además, cuestionó la representatividad del Congreso en relación con las necesidades del sector minero informal, destacando que la negativa del Parlamento impacta negativamente en los trabajadores del sector.
En conversación con Canal N, Máximo Franco denunció que algunos congresistas estarían protegiendo a grandes concesionarios y a la gran minería, mencionando que más de 20 millones de hectáreas están concesionadas sin tomar en cuenta a los mineros informales que ya desarrollan actividades en esos territorios. La protesta provocó que la zona del Congreso fuera acordonada con rejas metálicas y una fuerte presencia policial, lo que restringió tanto el tránsito vehicular como peatonal.
Gremios agrarios rechazan bloqueo de carreteras
La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) expresó su rechazo y preocupación por los recientes bloqueos de carreteras realizados por mineros informales, los cuales están afectando diversas regiones del país. En su comunicado, AGAP destacó que estas acciones “constituyen delito” y atentan contra el “derecho constitucional al trabajo y al libre tránsito”, generando pérdidas millonarias para todos los sectores económicos. Además, señalaron que estas acciones ponen en riesgo el trabajo de miles de familias, el suministro de bienes esenciales y la estabilidad del país.
El comunicado también reafirma el respeto de AGAP hacia el “derecho a la protesta pacífica”, pero subraya que bloquear carreteras “es un grave delito que corresponde al Estado combatir”. Los bloqueos, según la organización, están dificultando el transporte de alimentos, medicinas e insumos básicos, lo que afecta directamente la seguridad alimentaria y pone en peligro la vida y el bienestar de la ciudadanía. Además, alteran la cadena de suministros y agravan los problemas de salud y economía en el país.
Finalmente, AGAP hizo un llamado al gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial para restablecer el orden y “despejar las vías”, exigiendo que los responsables de los bloqueos sean sometidos a la justicia. La organización resaltó que el Estado debe actuar con firmeza para evitar que esta situación siga afectando la seguridad y la economía del país.
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