Hoy, en una conferencia de prensa convocada para abordar temas relacionados con la minería ilegal, la presidenta Dina Boluarte evitó pronunciarse directamente sobre la denuncia penal presentada por Juan José Santiváñez —exministro del Interior y actual jefe de la Oficina de Monitoreo Gubernamental del Despacho Presidencial— contra Mónica Delta y el equipo periodístico del programa Punto Final.
Al ser consultada sobre el tema, Boluarte calificó la pregunta como “fuera de contexto” y decidió postergarla al final del encuentro con la prensa.
“Voy a agradecer las preguntas que nos haga la prensa en primer orden, sean en el contexto a la que se ha convocado esta conferencia de prensa, que es la minería ilegal... Por esta única vez vamos a responder a aquellas preguntas que han estado fuera de contexto”, declaró la mandataria peruana.
La declaración fue emitida en respuesta a una pregunta sobre la denuncia penal interpuesta por Santiváñez contra la periodista Mónica Delta y su equipo, tras la emisión de un reportaje que exhibió imágenes del funcionario, sus vehículos y desplazamientos.
Denuncia contra Punto Final
La denuncia penal presentada por Santiváñez alcanzó a cuatro periodistas de Latina Televisión, a quienes acusó del presunto delito de reglaje. Los implicados son Mónica Delta, conductora de Punto Final; Juan Subauste, director del programa; Carlos Hidalgo, reportero; y Jorge Ramírez, camarógrafo, además de la empresa televisiva.
La acusación fue interpuesta luego de que el programa difundiera un reportaje titulado “Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio”, en el que se mostraron imágenes obtenidas en espacios públicos sobre las reuniones del funcionario con congresistas, alcaldes y ministros, así como su constante presencia en Palacio de Gobierno.
Según el exministro, las grabaciones se hicieron sin su consentimiento y estarían vinculadas a una presunta banda criminal dedicada a la extorsión.
En su denuncia, Santiváñez argumentó que el material habría sido obtenido con el fin de amedrentarlo, y solicitó que se aplique una sanción penal que podría suponer entre tres y seis años de prisión, de acuerdo con la legislación vigente.
Respuesta de Delta y Latina
Ante la acusación, Mónica Delta rechazó enfáticamente los cargos, asegurando que se trata de un intento de intimidar al periodismo crítico. Durante la emisión del programa Buenas Nuevas, Malas Nuevas, la periodista afirmó:
“Lo que pretende esta denuncia es intimidar y amedrentar las libertades. No es la primera vez en el gobierno de Dina Boluarte”.
Asimismo, defendió la legitimidad del reportaje emitido por Punto Final, señalando que este se ajusta a los estándares del periodismo de investigación y al derecho de informar sobre personajes públicos:
“Estamos hablando de un personaje público que ha sido ministro del Interior, ha sido censurado por el Congreso y se le ha creado un puesto para que siga cerca del poder. Recibe ministros, recibe funcionarios, es periodismo puro lo que se ha hecho el domingo”.
Latina Televisión, a través de un comunicado oficial, lamentó lo que calificó como “el más reciente acto de amedrentamiento del gobierno de la presidenta Dina Boluarte contra periodistas del medio”. Además, señaló que esta acción se dio en represalia por la difusión del reportaje que expuso la influencia de Santiváñez en la toma de decisiones estatales. La televisora reafirmó su respaldo a los periodistas denunciados y alertó sobre la afectación sistemática a la libertad de prensa en el país.
“Maniobra intimidatoria”
La denuncia motivó reacciones inmediatas de gremios periodísticos y entidades defensoras de la libertad de expresión. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) emitió un comunicado donde calificó la denuncia como una maniobra intimidatoria. En su pronunciamiento, la organización defendió el trabajo realizado por los periodistas de Punto Final como un ejercicio informativo legítimo y protegido por normas internacionales.
El IPYS también advirtió que esta acción legal se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y los medios de comunicación, lo cual genera preocupación sobre la situación de la libertad de expresión en el país.
De igual forma, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) expresó su rechazo tajante a la denuncia penal, señalando que constituye un “grave atentado contra la libertad de prensa y un intento inaceptable de intimidar a quienes ejercen el periodismo investigativo”.
En su comunicado, la SNRTV alertó sobre el peligro de utilizar mecanismos penales para silenciar voces críticas y subrayó la importancia del rol fiscalizador que cumplen los medios de comunicación en una sociedad democrática.
Evita comprometerse
A pesar de la controversia pública generada por la denuncia y las respuestas de diversos sectores, la presidenta Dina Boluarte optó por no expresar apoyo ni rechazo directo a la acción penal presentada por Santiváñez. Al finalizar su intervención, señaló:
“Nosotros lo que hacemos desde el Ejecutivo es seguir trabajando por el desarrollo y la construcción de nuestro querido Perú”.
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