“Si tenía una pistola, nos mataba”. Esas fueron las palabras de uno de los afectados por el atropello protagonizado por Miguel Ángel Requejo contra el restaurante ‘El Charrúa’. Conforme pasaban las horas, el pasado del agresor salía a la luz.
Peleas y denuncias figuraban entre los antecedentes que evidenciaban el temperamento violento de Requejo. Dentro de este historial, también apareció una sanción impuesta por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Requejo Astochado intentó obtener una licencia para portar armas utilizando un certificado psicológico adulterado. Si bien no fue denunciado, este hecho ya mostraba su conducta irregular.
Casos como el de Requejo Astochado evidencian la urgencia de mantener controles estrictos sobre la tenencia de armas, un aspecto que, sin embargo, se ha visto debilitado tras la reciente aprobación de una ley del Congreso.
La iniciativa provino del congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, quien, entre 2018 y 2020, fue presidente de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (APPLAF).
Su proyecto modifica la Ley 31694 y tiene como objetivo empadronar y otorgar una amnistía a las personas naturales o jurídicas cuya adquisición o tenencia de armas de fuego o municiones de uso civil no esté registrada.
En lenguaje simple, el Congreso aprobó una ley que facilita el registro de armas, incluso si estas ingresaron al país de contrabando o fueron compradas ilegalmente.
La norma fue aprobada por insistencia, tras haber sido observada por el Ejecutivo y pese a las opiniones contrarias del Ministerio del Interior y de la Sucamec. Se oficializó el 9 de mayo con su publicación en el diario El Peruano.
Rospigliosi celebró este cambio con una publicación en su cuenta de X: “(...) Hay que facilitar la formalización y no arrojar a los que adquieren un arma y fallan luego en un trámite a la ilegalidad, como hace la burocracia”, escribió.
Modificación de la norma debilita el control de armas
Sin embargo, lejos de promover la formalización, estas normas podrían beneficiar a la delincuencia.
En entrevista con el semanario Hildebrandt en sus trece, Víctor Manuel Quinteros, exfuncionario de la Sucamec, señaló que estas leyes pueden tener un impacto favorable, pero solo si se aplican adecuadamente y van acompañadas de una fiscalización rigurosa. Advirtió que, si el sistema sigue arrastrando prácticas corruptas, los delincuentes podrían ser los más beneficiados con esta norma.
“(...) Si no se hace correctamente y permanecen activos los esquemas de corrupción conocidos en el registro de armas, se podría terminar beneficiando a la delincuencia”, alertó.
Afortunadamente, Miguel Ángel Requejo no tenía una pistola cuando se encontraba en el restaurante. A pesar de ello, enfrenta una investigación por el presunto delito de tentativa de homicidio, y la Fiscalía de La Molina ya ha solicitado nueve meses de prisión preventiva en su contra. La audiencia fue programada para el domingo 6 de julio.
Nuevas imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran que, tras embestir y destruir el local con su vehículo, Requejo adoptó una actitud desafiante hacia las personas que se encontraban en el lugar.
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