La mañana del domingo 29 de junio se tiñó de incertidumbre en Miraflores cuando la policía encontró sin vida a José Miguel Castro, economista y exgerente municipal de Lima durante la gestión de Susana Villarán. Su nombre no era desconocido: era uno de los principales implicados en el caso de lavado de activos más sonado en la política limeña, relacionado con los aportes irregulares de las constructoras Odebrecht y OAS a las campañas de la exalcaldesa.
La noticia de su muerte generó impacto no solo por su papel en ese proceso judicial, sino también por las circunstancias que rodean el hallazgo de su cuerpo. En plena cuenta regresiva para el inicio del juicio oral en el que Castro participaría como colaborador eficaz, fue hallado muerto en su domicilio.
Las interrogantes sobre cómo, por qué y en qué contexto ocurrieron los hechos hoy están bajo investigación del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El hallazgo en su vivienda
El cuerpo de José Miguel Castro Gutiérrez fue retirado el domingo de su vivienda ubicada en la calle Madrid, distrito de Miraflores. Según los reportes iniciales, fue su propio padre quien lo encontró tendido en el piso del baño, con un corte profundo de aproximadamente 14 centímetros en el cuello.
La última vez que lo vio con vida fue a las 10 de la noche del sábado anterior. Al no tener señales de él al día siguiente, decidió ingresar y lo halló inerte. De inmediato, se comunicó con la Central de Emergencias 105, lo que movilizó a agentes de la comisaría del sector y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU). Sin embargo, a su llegada, solo pudieron constatar que ya no tenía signos vitales.
Lo que encontró la PNP
Al inspeccionar la escena, los efectivos hallaron dos cuchillos ensangrentados —uno de cocina y otro de pan— dentro del baño. También se encontró un teléfono celular cerca de la entrada. Un detalle que llamó la atención de los peritos de Criminalística fue que la chapa de la puerta del baño parecía haber sido manipulada.

Ante estos indicios, los agentes aislaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Hasta el cierre del día, la hipótesis policial no ha descartado ninguna posibilidad, incluyendo la intervención de terceros. Por ello, el caso quedó en manos de la División de Homicidios de la Dirincri, que ahora deberá esclarecer si su muerte tuvo relación directa con el proceso judicial en el que estaba involucrado.
¿Quién fue José Miguel Castro?
José Miguel Castro, de 51 años, era economista de profesión y tuvo un rol clave durante la gestión municipal de Susana Villarán entre 2011 y 2014. Ocupó el cargo de gerente municipal, lo que lo convertía en su brazo derecho en la toma de decisiones políticas y administrativas.
Pero su nombre quedó vinculado a uno de los escándalos más grandes de corrupción municipal: los presuntos aportes ilícitos de empresas brasileñas a las campañas por el “No” a la revocatoria y a la reelección de Villarán.

Según declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, fue el propio Castro quien solicitó tres millones de dólares en nombre de la exalcaldesa, a cambio de favorecer con contratos millonarios a las constructoras involucradas.
Por la gravedad de los hechos, Castro decidió acogerse a la colaboración eficaz, figura legal que permite a los imputados reducir su eventual pena a cambio de brindar información clave para la investigación. En su caso, fue considerado el colaborador eficaz más importante del proceso. Su testimonio había sido admitido por la Fiscalía, y estaba programado para ser parte fundamental del juicio oral previsto para el 27 de septiembre.
¿Qué pasará con su testimonio?
El penalista Vladimir Padilla ha señalado que, aunque Castro ya no pueda declarar personalmente ante el tribunal, su testimonio no pierde validez. La ley contempla que si una persona fallece antes del juicio, su declaración previa puede ser leída y valorada por los jueces.

Además, los elementos de prueba que proporcionó —documentos, registros, transferencias bancarias, entre otros— seguirán siendo parte del expediente.
Esto implica que su rol como colaborador eficaz no queda anulado. Por el contrario, será parte central del proceso que busca esclarecer cómo operó esta red de aportes ilegales en campañas políticas a cambio de obras públicas.
La muerte de José Miguel Castro se produjo en un momento clave para el caso Villarán. Con su testimonio, se esperaba confirmar los nexos entre los intereses empresariales y las decisiones políticas dentro de la municipalidad de Lima. Por ello, el hecho de que haya fallecido días antes de dar su versión en juicio agrega una capa más de complejidad al proceso.
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