La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el expremier Alberto Otárola por el presunto delito de peculado de uso. De acuerdo a Correo, la diligencia busca determinar si durante su gestión hubo un uso indebido de vehículos oficiales pertenecientes a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para fines personales, en particular, en relación con visitas recurrentes al domicilio de Yaziré Pinedo.
La pesquisa surge a raíz de la difusión de material audiovisual presentado por el programa Panorama. En el reportaje se observa a un vehículo oficial de la PCM, en específico un Lexus negro de placa EGS106, ingresando en reiteradas ocasiones al inmueble de Pinedo, ubicado en el distrito limeño de Lince. Las grabaciones corresponderían a visitas realizadas durante el horario laboral de Otárola, por lo que se investiga si los desplazamientos fueron realizados con autorización y justificación legal o si constituyeron una infracción al deber de custodia y administración de bienes públicos.
El Ministerio Público, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha citado a declarar a los conductores asignados a la PCM. Además, ordenó el acopio de documentos internos, entre ellos registros de salida e ingreso de los vehículos, hojas de ruta y autorizaciones de uso excepcionales, así como declaraciones testimoniales de personal administrativo que haya tenido relación con el uso de la movilidad oficial durante el periodo señalado.
El caso ha ganado notoriedad luego de que la propia Yaziré Pinedo confirmara en entrevistas previas que Otárola acudía a su domicilio en las mencionadas unidades oficiales. Según versiones recogidas, estas visitas no guardaban relación con labores funcionales de la PCM, sino con fines privados.
Los fiscales han solicitado la comparecencia de Pinedo, quien deberá aclarar detalles sobre la frecuencia de las visitas, sus motivos y el conocimiento que tenía sobre el origen y el carácter oficial del vehículo utilizado. A la par, se evalúa la posibilidad de solicitar información a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para confirmar los registros de propiedad y las asignaciones de flota vehicular durante el periodo investigado.
Con dichas indagaciones buscan identificar si se vulneraron normas administrativas y penales respecto a la utilización de bienes del Estado. Cabe mencionar que el Código Penal peruano tipifica el peculado de uso como un delito cometido por funcionarios que emplean, en provecho propio o ajeno, bienes cuya administración, tenencia o custodia les haya sido conferida en razón de su cargo.
Paralelamente, el exjefe de la PCM ya afronta otras investigaciones de alto perfil. Entre ellas figuran indagaciones por tráfico de influencias y colusión en torno a la contratación directa de Yaziré Pinedo como proveedora de servicios al Estado. De acuerdo con documentos oficiales, Pinedo habría conseguido contratos durante la gestión de Otárola mediante procedimientos irregulares, lo que ha activado una serie de pesquisas en la Fiscalía Anticorrupción.
Hasta el momento, Alberto Otárola no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la nueva investigación abierta por la Fiscalía. Desde la PCM tampoco se han dado detalles a la prensa sobre los protocolos internos de movilización del exfuncionario.
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