El traslado de la exprimera dama peruana Nadine Heredia a Brasil bajo la modalidad de asilo diplomático humanitario continúa generando controversia. Esta vez, por la decisión de las autoridades brasileñas de restringir durante cinco años la información sobre los gastos de la operación. La medida, aplicada por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), abre nuevos interrogantes sobre el acceso a la información y el manejo de recursos públicos en casos de alto perfil internacional.
Heredia, quien desembarcó en Brasilia el 16 de abril tras ser condenada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, llegó al país a bordo de un avión E-135 Shuttle (VC-99C) de la FAB, con capacidad para 14 pasajeros y seis miembros de tripulación. El valor de las dietas pagadas a los tripulantes ascendió a 7.500 reales (aproximadamente S/ 4,849.03), aunque el costo total del operativo se mantiene en reserva.
La reticencia oficial quedó en evidencia cuando, un día después de la llegada de Heredia, el medio Metrópoles solicitó detalles de los gastos mediante la Ley de Acceso a la Información. La FAB negó la entrega de datos argumentando que se trata de información “esencial para los planes y las operaciones estratégicos de las Fuerzas Armadas”. El Comando de la Aeronáutica, encabezado por el teniente brigadier Marcelo Kanitz Damasceno, confirmó la restricción de acceso a comienzos de junio. El organismo amparó su decisión en la Ley nº 12.527/2011, que permite el secreto sobre informaciones clasificadas como estratégicas por un periodo de hasta cinco años.
La explicación oficial sostiene que el operativo respondió a una urgencia humanitaria. Nadine Heredia, esposa del ex presidente Ollanta Humala, fue condenada en una causa que involucra los presuntos aportes de la compañía brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano durante la campaña presidencial de 2011 en Perú. Según Heredia y Humala, ambos son víctimas de persecución política. El gobierno de Perú autorizó la operación que facilitó su salida de Lima y posterior arribo a Brasil.
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, defendió la operación y el uso de recursos de la FAB para el traslado, al sostener que “era la única forma que había de retirarla con seguridad y rapidez del país”. De acuerdo con el canciller, la protección y el resguardo que justificaron el traslado respondían a razones humanitarias avaladas por el Ejecutivo.
La decisión de imponer secreto sobre los gastos generó cuestionamientos por parte de políticos y actores de la sociedad civil en Brasil, quienes exigen mayor transparencia en el uso de fondos públicos, especialmente cuando se trata de figuras extranjeras condenadas por delitos de corrupción. Diversos analistas han remarcado que la reserva puede abrir espacio a sospechas, y que la opacidad castiga la confianza ciudadana y favorece la falta de control sobre las acciones gubernamentales.
La controversia se profundizó ante el contraste con otras situaciones. Recientemente, Itamaraty -la Cancillería brasileña- se negó a costear el traslado del cuerpo de Juliana Marins, una ciudadana brasileña fallecida durante una caminata en Indonesia. Según sostuvo el Ministerio, la asistencia consular no cubre gastos de sepelio ni de transporte de cuerpos. El argumento oficial remite al Decreto nº 9.199/2017, que solo permite la cobertura estatal en casos médicos específicos o cuando exista una urgencia humanitaria que lo demande. Esta decisión provocó comparaciones directas sobre la selectividad de los criterios aplicados a la ayuda estatal y el manejo de recursos públicos.
La jurisprudencia sobre confidencialidad y acceso a la información muestra que las excepciones deben responder a criterios claros y justificados. Para la sociedad civil, la existencia de datos reservados solo debería proteger cuestiones ligadas a la seguridad nacional de manera indubitable, mientras que los gastos operativos y la utilización de recursos públicos requieren transparencia y responsabilidad administrativa.
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