Patricia Benavides presentó la apelación contra la suspensión por 24 meses que le impuso el Poder Judicial en primera instancia en busca de que esta sea revocada y pueda volver como fiscal de la Nación.
La defensa de Benavides Vargas —integrada por Humberto Abanto, Juan Peña, Christian Beteta y Jorge del Castillo— presentó el recurso ante el juez supremo de la investigación preparatoria Segismundo León a fin de que lo eleve a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Para empezar, la defensa de la exfiscal de la Nación cuestiona la competencia de Delia Espinoza para investigarla. Sostienen que la actual titular del Ministerio Público tendría un conflicto de intereses debido a que uno de los hechos que se le atribuye a la presunta organización criminal de Benavides es haber influenciado ante la JNJ para que sea nombrada fiscal suprema.
“Curiosamente, la persona supuestamente perjudicada por la actuación de la organización criminal que supuestamente lidera nuestra defendida es - ¡Oh, casualidad! - la postulante Delia Milagros Espinoza Valenzuela, quien es - ¡Oh, casualidad! – la fiscal que conduce la investigación y requirió la suspensión temporal de derechos de doña Liz Patricia Benavides Vargas“, se lee en el recurso de apelación.
Afirman que los requerimientos que pueda formular Espinoza contra Benavides supuestamente están “orientados a descartar a quien considera un obstáculo en su carrera fiscal” y que el juez supremo de investigación preparatoria no dio respuesta a este argumento en su resolución.
También cuestionan la forma en la que el magistrado Segismundo León valoró los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Por ejemplo, sostiene que las declaraciones de colaboradores eficaces y testigos protegidos no han sido corroborados, por lo que los califican solo como “dichos”.
El Congreso, la JNJ y Patricia Benavides
Otro cuestionamiento de la defensa de Patricia Benavides es el hecho de que se impuso la suspensión cuando aún no se ha formalizado la investigación preparatoria. Como es una alta funcionaria, el paso de una etapa a otra depende de que el Congreso apruebe la denuncia constitucional de la Fiscalía, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
“La defensa técnica informó de tal circunstancia al Juzgado. No obstante, ignorando injustificadamente su incompetencia y jurisprudencia establecida recientemente por otros JSIP (casos Tomás Gálvez y Luis Arce Córdova), prefirió una jurisprudencia anterior, sin brindar ninguna argumentación que justificara su elección”, dice el documento.
Finalmente, la defensa de Patricia Benavides protesta porque se ordenó la suspensión por 24 meses sin que esté ejerciendo un cargo público. Si bien reconocen que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anuló su destitución y ordenó su reposición como fiscal de la Nación, esta orden aún no se ha ejecutado.
“Una vez más, la “realidad de los hechos” nos muestra a la requirente Delia Espinoza ejerciendo el cargo y las funciones de fiscal de la Nación de manera ininterrumpida y, si bien es cierto que existe un pronunciamiento válido de la JNJ que ordena la restitución de Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación, no lo es menos que no ha sido ejecutado porque la requirente y los demás miembros de la Junta de Fiscales Supremos se han mostrado renuentes a obedecer el mandato restitutorio", se lee.
Por todo ello, los abogados de Patricia Benavides piden a la Sala Penal Permanente que revoque la suspensión temporal del cargo y declare improcedente el pedido de Delia Espinoza.
¿Qué sigue en el caso Patricia Benavides?
El caso subirá a la Sala Suprema Penal Permanente, que deberá convocar a audiencia para escuchar a la defensa de Patricia Benavides y al Ministerio Público.
Luego, los jueces supremos deberán tomar una decisión: o confirmar la decisión de primera instancia o darle la razón a Benavides y revocar el fallo. En este último escenario, insistiría en su intento de ser restituida como fiscal de la Nación.
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