
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no acudirá a la convocatoria del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, para sostener una reunión con Patricia Benavides.
Como se recuerda, el último lunes, en horas de la noche y fuera de horario laboral, Ríos Patio público un comunicado en el que convocaba a ambas para sostener un encuentro en la sede de la JNJ para "promover un diálogo constructivo y alcanzar una solución armoniosa" ante la crisis institucional que ocasionó la resolución con la que se pretende imponer a Benavides como fiscal de la Nación.
“No por una cuestión de no conciliar, de guerrear, ni nada por el estilo, sino por una cuestión muy básica que es la que se está reclamando de parte de la Junta de Fiscales Supremos y de parte de la doctora Espinoza. ¿Cuál? El respeto de la legalidad”, dijo Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación.

López cuestionó a la JNJ porque ni la Ley Orgánica ni en los reglamentos se prevé una “audiencia de conciliación” cuando una resolución que emiten no se ejecuta.
“La Junta de Fiscales Supremos le ha mandado un oficio para que la Junta se pronuncie sobre cómo son los alcances de esta ejecución si es que ellos tienen un acuerdo vigente que designa a la señora Espinoza (como fiscal de la Nación). Le están diciendo que resuelvan ese tema. No se designan fiscales de la Nación con audiencias de conciliación”, declaró el abogado.
Advierte a la PNP no intervenir
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, envió un contundente mensaje a la Policía Nacional del Perú (PNP), advirtiendo que cualquier intento de irrumpir en las instalaciones del Ministerio Público o de detenerla sin una orden judicial sería ilegal y violaría el orden constitucional.
Esta declaración responde a un oficio de la directora encargada de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Delgado, quien amenazó con recurrir a la fuerza pública si Espinoza no cumple con la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

En un documento dirigido al ministro del Interior, Espinoza subrayó que la Constitución establece que la Policía no es deliberante y está subordinada al poder constitucional. “Solo una orden judicial o una disposición debidamente motivada de una autoridad competente, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales, podría justificar una intervención policial. Ese no es el caso actual, ya que estamos ante un procedimiento administrativo en trámite”, afirmó. Advirtió, además, que los altos mandos policiales que ordenen una intervención indebida incurrirían en graves infracciones administrativas y posibles delitos penales.
Espinoza desestimó la autoridad de Martínez Delgado para emitir amenazas de este tipo, argumentando que la funcionaria no tiene competencia para exigir la reposición de Benavides. También destacó que el procedimiento disciplinario en la JNJ sigue en curso, ya que presentó un recurso de oposición contra la resolución N.º 231-2025-JNJ del 12 de junio, la cual considera inválida por vicios legales, como la falta de firmas de todos los miembros de la JNJ. “Patricia Benavides no ha sido reincorporada al Ministerio Público, ni como fiscal suprema ni como fiscal de la Nación”, aclaró.
La fiscal reiteró que cualquier acción policial en este contexto sería “ilegítima e ilegal”, ya que interferiría en un procedimiento administrativo pendiente y socavaría el orden institucional. Para respaldar su posición, Espinoza ha presentado una demanda de amparo ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, admitida a trámite, que busca anular la resolución de la JNJ por vulnerar derechos constitucionales como el debido proceso y la independencia funcional. La audiencia está programada para el 8 de agosto.
En un pronunciamiento público, acompañada de su abogado, Espinoza defendió su legitimidad como fiscal de la Nación, ratificada unánimemente por la Junta de Fiscales Supremos conforme al artículo 158 de la Constitución. Criticó la falta de transparencia de la JNJ, que no ha proporcionado el video ni el acta de la sesión donde se decidió la restitución de Benavides, pese a sus reiteradas solicitudes. “Nos conminan a cumplir una orden que excede sus atribuciones, pero devolvimos la documentación recordándoles sus límites legales”, señaló.
Espinoza también valoró que Benavides haya solicitado ser incluida como parte demandada en el proceso de amparo, interpretándolo como un reconocimiento de que el conflicto debe resolverse en el Poder Judicial. En un llamado a la calma, instó a las instituciones y autoridades a no intervenir ni desinformar, enfatizando que la solución debe respetar el Estado de derecho. “El Ministerio Público sigue operando sin interrupciones, comprometido con la paz social y el servicio a la ciudadanía”, concluyó.
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