El juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Támariz rechazó levantar las reglas de conducta contra la exalcaldesa Susana Villarán en el caso Línea Amarilla. Sin embargo, estas estarán vigentes hasta mediados de julio.
En la audiencia de hoy lunes 23 de junio, el magistrado declaró infundado el pedido de Villarán y sus coinvestigados en esencia porque aún no han transcurrido 36 meses desde que se impuso el mandato de comparencencia con restricciones.
Y es que, debido a la Ley 32130 aprobada por el Congreso y promulgada sin chistar por la presidenta Dina Boluarte, la comparecencia con restricciones ahora tiene plazos iguales a la prisión preventiva: 9 meses en casos simples, 18 meses en casos complejos, y 36 meses en casos de crimen organizado.
El caso Línea Amarilla se encuentra en los alcances de la ley de crimen organizado y considerando que las reglas de conducta contra Susana Villarán se dictaron el 12 de julio de 2022, estas mismas vencerán el 12 de julio de 2025. Es decir, en 19 días.
Por ello es que la defensa de la exalcaldesa de Lima se mostró conforme con la decisión y no apeló.
Levantan una regla
En la audiencia, el juez Jorge Chávez Tamariz levantó la regla de conducta que prohibía a Susana Villarán dar declaraciones a la prensa sobre el caso Línea Amarilla.
El magistrado consideró que la Corte Suprema, al resolver una casación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, estableció que la regla de conducta que prohíbe declarar a la prensa sobre un determinado caso no pone en riesgo la investigación.
¿Qué reglas de conducta desaparecerán?
Estas son las reglas de conducta contra Susana Villarán que vencerá el 12 de julio de 2025.
- Comparecer cada 15 días al registro de control biométrico
- Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con coimputados, testigos y peritos, recaído en el presente proceso
- Prohibición de ausentarse de su lugar de residencia; sin previa autorización judicial
- Obligación de presentarse ante la autoridad judicial y fiscal cuando se les requieran
A Villarán también se impuso inicialmente una caución económica de 20 mil soles, pero esta fue revocada en segunda instancia.
¿De qué trata el caso Línea Amarilla?
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta cargos por colusión agravada, negociación incompatible y cohecho pasivo propio en el caso Línea Amarilla. Los hechos imputados, relacionados con su gestión (2011-2014), involucran irregularidades en la concesión vial otorgada a LAMSAC, filial de OAS.
Se le acusa de avalar la Adenda 1 al contrato de concesión, que incrementó la inversión de $480 a $561 millones, favoreciendo a LAMSAC. Esta incluyó el uso de fondos públicos para el proyecto Río Verde sin aprobación del MEF, la eliminación del sistema COSAC por un cuarto carril que aumentó los ingresos del concesionario, y la extensión del plazo de concesión hasta 2019, permitiendo más cobros de peajes.
Según la tesis fiscal, Villarán habría concertado con OAS y LAMSAC para aprobar actas que compensaron a la concesionaria con $142 millones por supuestos costos adicionales, financiados con alzas de peajes. A cambio, se alega que recibió $4 millones para su campaña de reelección de 2014. La Contraloría detectó irregularidades, como la falta de penalidades por $1.2 millones y un perjuicio de $22.9 millones por deficiencias en la impermeabilización de un túnel.
Este es un proceso diferente al que irá a juicio oral en setiembre de este año. El caso que irá a juzgamiento es en el que se acusa a Susana Villarán haber liderado una organización criminal que habría recibido más de US$11.2 millones para financiar su campaña contra la revocatoria de 2013 y su fallida reelección en 2014.
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