Por cuarto día consecutivo, una de las sedes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima, permanece tomada por los alumnos. “Las protestas no van a cesar hasta que nos den soluciones”, afirmó uno de ellos.
Ellos denuncian falta de regularización de su matrícula para el año académico en curso y la inacción de la rectora Cristiana Alzamora. A pesar de que el ciclo académico empezó en abril y ya culminaron los exámenes parciales, numerosos estudiantes —especialmente de la Facultad de Humanidades (Literatura, Lingüística, Historia, etc.)— aún no han sido inscritos oficialmente, lo que les genera una profunda incertidumbre.
“Queremos que se reactive nuestra matrícula del periodo 2025-1 y 2025-2. Hasta el momento no nos hemos matriculado por lo que no somos estudiantes de esta universidad. Para la Sunedu somos invisibles”, declaró un representante estudiantil a Infobae Perú.
La protesta también sacó a la luz otros reclamos administrativos: falta de docentes durante meses, deficiencias en servicios básicos como comedor universitario y problemas en la emisión de títulos de bachiller.
Además, la demora en la entrega del carné, lo cual les impide acceder a beneficios clave como el medio pasaje en transporte público, y pone en riesgo su participación en futuras elecciones estudiantiles.
“Dentro de la universidad hay un montón de precariedades. El tópico no está abierto las 24 horas. La biblioteca no tiene libros, pese a que los alumnos donan libros. Se desaparecen los libros”
La toma de la sede comenzó la tarde del jueves 19 de junio, cuando alrededor de 50 estudiantes ingresaron al campus. Durante la ocupación, se registraron tensos enfrentamientos verbales y físicos entre los estudiantes –varios de ellos con rostros cubiertos– y el personal de seguridad.
Amenazan con presencia de la PNP
El conflicto en la Universidad Nacional Federico Villarreal escaló luego de una reunión de diálogo sostenida este domingo 22. Según los estudiantes que lideran la toma del local central, el vicerrector académico impuso una agenda unilateral y condicionó el avance de las negociaciones bajo amenaza.
Afirmaron que si no aceptaban dicha agenda, se procedería a enviar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a romper las puertas del recinto y procesar penalmente a los alumnos que participan activamente en la protesta.
Esta amenaza es interpretada por los estudiantes como una forma de intimidación directa y una violación a sus derechos fundamentales, dado que su protesta se fundamenta en demandas legítimas: regularización de matrículas, mejora de servicios universitarios y respeto a la representación estudiantil.
La posibilidad de una intervención violenta, lejos de resolver el conflicto, podría agravar la situación, exponiendo a los alumnos a represalias judiciales y a un uso desproporcionado de la fuerza.
En respuesta, los estudiantes responsabilizan directamente a la rectora Alzamora, por cualquier consecuencia física, legal o institucional que pudiera derivarse de esta amenaza. Además, han convocado a una gran concentración pública e hicieron un llamado a la comunidad universitaria del país, medios de comunicación, congresistas y ciudadanía en general para que se solidaricen con su causa.
El movimiento estudiantil exige que cualquier mesa de diálogo sea neutral y no una imposición de la administración. Consideran que las medidas autoritarias y amenazas solo buscan desmovilizar el justo reclamo. Rechazan categóricamente las “imposiciones arbitrarias” y reafirman su compromiso con la defensa de los derechos universitarios.
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