“Estoy seguro que ahí sí habría un levantamiento de mucha gente. En todo el Perú que estoy recorriendo, hay un respaldo muy grande a una opción presidencial”, declaró el exmandatario, mostrando su confianza en el apoyo popular hacia su candidatura.
El exjefe de Estado también señaló que las decisiones que toma el Congreso pueden desencadenar un enfrentamiento social con consecuencias graves. “La última vez que pasó eso, hubo dos muertos”, comentó en referencia a los incidentes ocurridos durante protestas previas. Afirmó que, aunque no quiera provocar una confrontación, es necesario defender la democracia. “Lo que yo quiero es que finalmente la población defina”, indicó.

Reacciones a las declaraciones de Vizcarra
Las declaraciones de Vizcarra han generado duras reacciones por parte de sus opositores. Varios de ellos han calificado sus comentarios como peligrosos y contrarios a la democracia. En declaraciones para 24 Horas, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, señaló que “la política no está para fomentar la violencia, para promover la violencia, para incentivar la violencia y pedir que el pueblo te siga en una actitud violenta contra la sociedad y contra el Estado de Derecho”. Además, advirtió que si Vizcarra “convierte su palabra violenta en un hecho violento”, podría enfrentar consecuencias legales, similar a lo ocurrido con el caso de Antauro Humala.
Por su parte, el especialista en derecho constitucional, Luis Lamas rechazó las afirmaciones de Vizcarra sobre la CIDH. Según explicó, “la única entidad que puede permitir que él participe en una actividad electoral es la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Investigaciones fiscales y consecuencias judiciales
A pesar de las inhabilitaciones, Vizcarra sigue adelante con su plan de postularse. El exmandatario tiene en su contra varias investigaciones fiscales, siendo la más avanzada la que se refiere al caso de Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. En dicha investigación, Vizcarra está acusado de recibir más de dos millones de soles en sobornos durante su tiempo como gobernador regional. La Fiscalía podría solicitar una pena de hasta 15 años de prisión por cohecho.
Además, el Ministerio Público pidió que se aumente la frecuencia de las audiencias para agilizar el proceso, justo cuando está a punto de vencerse la orden de impedimento de salida del país, el 4 de julio próximo. Esto pone aún más presión sobre Vizcarra, quien mantiene su postura de que las inhabilitaciones que enfrenta son parte de una “persecución política”.

Posibilidad de indultos y amnistía política
El expresidente también habló de la posibilidad de conceder indultos a figuras políticas, incluyendo a Pedro Castillo. Según Vizcarra, el encarcelamiento de Castillo es “injusto”, y si llegara a ser presidente, evaluaría la posibilidad de indultar a los exjefes de Estado. Sin embargo, este tipo de propuestas ha generado críticas, y el exparlamentario Víctor García Belaunde la tildó como un ‘cálculo político’.
Asimismo, Vizcarra ha dejado abierta la posibilidad de una amnistía política a expresidentes, aunque negó que incluya a Alejandro Toledo. “No me parece una mala idea. O sea, dar una amnistía para que trabajemos todos juntos”, comentó.
Mientras Vizcarra continúa su campaña, la posibilidad de una sentencia condenatoria por los casos que enfrenta podría poner fin a sus aspiraciones presidenciales. A pesar de los obstáculos legales y las inhabilitaciones, sigue adelante con su plan de postularse, con la esperanza de que un fallo de la CIDH le permita volver a la carrera electoral.
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