La bancada de Renovación Popular presentó este jueves una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por la presunta comisión de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones.
El documento, dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, solicita su inhabilitación por un periodo de diez años para ejercer cargos públicos. La acusación también incluye a otros tres miembros de la Junta de Fiscales Supremos, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Jorge Villena, para quienes el grupo parlamentario requiere la misma sanción.
El texto señala que Espinoza desobedeció una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que disponía la reposición de su antecesora, Patricia Benavides, como titular del Ministerio Público. “Habiendo sido subrogada o cesada en el ejercicio del cargo, pretende continuar ejerciéndolo indebidamente, sin tener la autorización legal para hacerlo”, indica la acusación.
La bancada sostiene que la conducta de Espinoza y de los demás fiscales denunciados constituye una “flagrante desobediencia” a lo dispuesto por la JNJ, lo cual configuraría el delito de resistencia a la autoridad.
La denuncia menciona, además, un pronunciamiento publicado en el portal institucional, en el que la Junta de Fiscales Supremos rechazó el regreso de Benavides. Para los denunciantes, esta postura evidencia una “manifiesta negación y renuencia a obedecer lo ordenado” por la JNJ.
La bancada pide que la acusación sea admitida a trámite y procesada conforme a lo establecido en la Constitución y el Reglamento del Congreso. Los legisladores firmantes son Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Diego Bazán, Cheryl Trigozo, Miguel Ciccia, Noelia Herrera y María Córdova.
La iniciativa de Renovación Popular llega un día después de que Espinoza denunciara penalmente a Benavides por haber llegado el último lunes hasta la sede principal del Ministerio Público para intentar retomar el cargo acompañada por un numeroso grupo de guardias de seguridad y sin solicitar una audiencia de manera formal.
Posteriormente, en diálogo con Canal N, la magistrada desmintió que exista una crisis o pugna de poderes dentro de la institución y aseguró que ese episodio protagonizado por su antecesora ya fue superado. “No existe (...) ni incertidumbre o desconcierto, ni caos institucional. Lo que ocurrió el día lunes se superó, es una defensa institucional y no hemos dejado de trabajar. No se ha paralizado el trabajo en el Ministerio Público. Estamos trabajando y para trabajar no hay horarios”, afirmó.
Tampoco “hay un atrincheramiento (de mi parte), esa palabra no sé quién la ha usado, sinceramente. He estado yendo a casa, estoy saliendo a comprar mis alimentos. Acá no hay miedo. Eso sí, se están redoblando las medidas de seguridad porque hubo una situación que ya se superó, para que no vuelva a suceder lo del lunes”, añadió.
Espinoza también indicó que Arana y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, han emitido declaraciones que desinforman a la ciudadanía. “A ellos no les consta porque no han estado acá ni trabajan acá. Es como si yo opinara sobre la crisis que hay con los trabajadores en la Defensoría o la crisis política que enfrenta el primer ministro. Yo no puedo opinar porque no me consta. Pido respeto al Ministerio Público, los primeros que deben dar respeto son las cabezas de otras instituciones. No hay pugna, no hay crisis, no hay nada”, enfatizó.
Investigación
De igual modo, anunció que ha dispuesto una investigación ante las declaraciones de Francisco Távara, magistrado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quien denunció públicamente haber sido objeto de “reglaje” por parte del entorno más cercano de la alta dirección del organismo.
“El doctor Távara ha dado información muy grave (...) Vamos a tomar las medidas correspondientes. Ese es el otro extremo. Un caso que, independientemente de que ya se disipó, si se puede abrir una carpeta, tenemos que investigar. Se empezarán a hacer las indagaciones”, aseguró.
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