Al no existir un contrapeso en el Ejecutivo, particularmente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los congresistas vienen impulsando una serie de iniciativas legislativas que pondrían en riesgo las finanzas públicas. Incluso proyectos que podrían parecer meramente declarativos, y que rozan el absurdo, contienen componentes que afectarían —en mayor o menor medida— las cuentas fiscales.
De acuerdo con el Consejo Fiscal, entidad técnica y autónoma que vela por la institucionalidad de las finanzas públicas, desde 2023 se han aprobado 19 leyes que otorgan beneficios tributarios. Asimismo, al 15 de mayo último, identificó al menos 32 iniciativas legislativas en el Congreso de la República que proponen crear, ampliar o prorrogar dichos beneficios. El Consejo, así como un sinnúmero de organismos, ha hecho reiteradamente el llamado a evitar la creación de tratamientos tributarios especiales, en tanto afectan negativamente la base tributaria y aumentan la ineficiencia del sistema.
No obstante, lejos de atender el comentario técnico, los congresistas continúan empujando cambios legislativos que atentan contra la institucionalidad fiscal. Por ejemplo: i) la modificación del Impuesto de Promoción Municipal del 2% al 4%, que deteriora la calidad de la inversión pública, pues asignaría mayores recursos a jurisdicciones ineficientes; o ii) el nuevo marco legal de las Zonas Económicas Especiales Privadas, donde las operaciones estarían inafectas de impuestos como el IGV y el ISC, e incluso contarían con un impuesto a la renta de 0% por cinco años, cuando se sabe que la problemática de estas zonas está asociada a la falta de infraestructura y servicios.
El conjunto de medidas populistas y fiscalmente irresponsables del Congreso haría que, por tercer año consecutivo, se rompa la regla fiscal, cuya meta está fijada en 2.2% del PBI. En el colmo de males, el Ejecutivo estaría por cambiar dicha meta, elevándola a 2.8% para este año. Esto confirmaría el mayor gasto público y propiciaría una mayor pérdida de credibilidad en el MEF.
Otro ejemplo particular es el Proyecto de Ley 10702/2024-CR, que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción, comercialización y reconocimiento del dulce tradicional king kong de la región Lambayeque. En cuanto a los incentivos para su comercialización, la norma establece que el Estado impulsará beneficios tributarios y programas de financiamiento para los productores. ¿Deducciones? ¿Exoneraciones? ¿Tratamientos tributarios especiales? Sea cual fuere el mecanismo, ello implicaría una reducción en la carga tributaria, lo que se traduciría en menores ingresos para el fisco.
Pongámonos en el escenario de que esta iniciativa se replique para otros productores de dulces emblemáticos a nivel nacional: los del turrón de Doña Pepa en Lima, las chocotejas de Ica o el queso helado de Arequipa. Mejorar la productividad, fomentar la formalización y crear empleos formales no se consigue mediante incentivos tributarios. Ese es un facilismo que termina beneficiando a unos pocos en perjuicio de la economía en su conjunto.
El camino correcto es reducir la burocracia estatal, eliminar ineficiencias del sistema y atacar la rigidez del mercado laboral que desalienta la contratación formal. Estamos ante un Congreso desatado… y lleno de dulces tentaciones.
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