Cuando aterrizaron en la Ciudad de México, no sabían que su travesía apenas comenzaba. Provenientes del Perú y con la intención de empezar una nueva vida, fueron interceptados por una red criminal que ya los esperaba. La ruta de entrada, que debería haber sido un punto de partida, se convirtió en una trampa. En cuestión de horas, fueron trasladados sin su consentimiento hasta Chalco de Díaz Covarrubias, en el Estado de México. Allí, encerrados en una vivienda acondicionada como centro de cautiverio, comenzó una experiencia marcada por el miedo, la violencia y la incertidumbre.
El caso, conocido por las autoridades mexicanas desde febrero, se convirtió en parte de una investigación coordinada por múltiples instituciones de seguridad. Las pesquisas apuntaron hacia una célula delictiva especializada en secuestrar migrantes recién llegados. La vigilancia, el cruce de datos y la cooperación interinstitucional permitieron rastrear los movimientos de los sospechosos y, finalmente, ubicarlos en Chalco. Con ese hallazgo, se puso en marcha una operación conjunta para detenerlos.
Coordinación para el rastreo
La movilización contó con la participación de varias instancias del Estado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades del Estado de México unificaron esfuerzos. Su objetivo: detener a quienes sometieron a ciudadanos extranjeros mediante la violencia.
El seguimiento a los sospechosos permitió determinar los puntos en los que se desplazaban. Luego de confirmar su identidad y ubicación en Chalco de Díaz Covarrubias, los agentes implementaron un cerco que derivó en la aprehensión. Durante recorridos de seguridad se identificó a la mujer y al hombre, se corroboró su identidad y se procedió conforme al protocolo.
Exigencias bajo amenaza
De acuerdo con los reportes de las autoridades, los migrantes secuestrados fueron agredidos de manera física durante el tiempo que permanecieron retenidos. Las condiciones en las que se encontraban revelaron un patrón repetido en casos similares: aislamiento, amenazas, y presión psicológica. Según las investigaciones, Edith y Alfonso hicieron llamadas a los familiares de las víctimas, exigiendo dinero a cambio de su liberación.
El dinero debía ser transferido por medio de una plataforma digital de pagos. Esta modalidad complicó el rastreo inicial, pero permitió establecer un perfil de comportamiento de los secuestradores.
En el proceso de detención, también fue asegurado un joven de 18 años, cuya participación todavía es materia de investigación. La Fiscalía del Estado de México quedó encargada de determinar su situación jurídica, mientras continúa el análisis de los elementos recolectados en el lugar.
Casa de seguridad como centro de operaciones
El inmueble utilizado como centro de cautiverio funcionaba como una casa de seguridad, equipada para impedir el escape o la comunicación con el exterior. A pesar de estar en una zona urbana, su uso criminal pasaba desapercibido hasta que las labores de inteligencia lo pusieron en la mira. Las víctimas fueron encontradas en condiciones que evidenciaban un período de encierro prolongado.
Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre la ubicación exacta del predio por razones de investigación, pero sí confirmaron que era utilizado exclusivamente por la célula delictiva. Se trata de una estructura que estaba condicionada para mantener personas en contra de su voluntad.
Las víctimas, todas de nacionalidad peruana, ya se encuentran bajo protección de las instituciones correspondientes. Recibieron atención médica y psicológica, además de acompañamiento consular. Sus testimonios sirvieron para robustecer el expediente que ahora enfrenta el grupo detenido.
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