Asesinato de empresario en Trujillo: sicario confesó haber recibido más de 6 mil soles

El asesinato de un empresario trujillano, ocurrido a plena luz del día en la puerta de su vivienda, es investigado como un crimen por encargo relacionado con un interno del sistema penitenciario. La Policía Nacional del Perú sostiene esta hipótesis y, tras diversas diligencias, detuvo a los presuntos responsables, incluido el autor material del ataque.

De acuerdo con la investigación policial, el móvil estaría relacionado con un asunto pasional. El interno de la prisión habría ordenado eliminar al promotor tras enterarse de que mantenía un vínculo sentimental con su expareja. La instrucción fue transmitida desde la cárcel, y el autor material confesó que recibió una suma superior a los seis mil soles por concretar el atentado.

Asesinato frente a su vivienda

Bruno Salvatierra Loyola, de 33 años, fue interceptado por un desconocido cuando se encontraba en su domicilio ubicado en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el atacante se acercó a él y le disparó varias veces sin mediar palabra. El empresario cayó gravemente herido y, pese a ser trasladado a un centro médico, no logró sobrevivir.

La víctima era conocida en el ambiente nocturno por organizar conciertos, fiestas y otros eventos sociales. El crimen generó conmoción entre sus allegados, quienes exigieron justicia por su repentina muerte. Desde el primer momento, los investigadores sospecharon de un ataque planificado, ya que el autor del disparo no robó ningún objeto ni intentó huir con pertenencias.

Detención del presunto autor material

El mismo día del crimen, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) lograron ubicar y detener a Luis Díaz Paredes, alias “Pato”, quien confesó su participación en el asesinato. En su testimonio, indicó que recibió el encargo por parte de una mujer identificada como Carolina García, quien le prometió un pago por concretar el atentado.

Díaz Paredes aseguró que el encargo no fue ideado por la intermediaria, sino por un sujeto recluido en el penal de Juliaca. Según la versión del detenido, el recluso mantenía una relación previa con la mujer y había sido informado de que Salvatierra la frecuentaba. Esto lo habría motivado a tomar represalias, gestionando desde prisión todos los detalles del ataque.

Los investigadores confirmaron que Díaz cobró un total de 6.500 soles, parte en efectivo y parte mediante transferencias. La PNP también logró la captura de otros involucrados en la logística del crimen, quienes habrían brindado apoyo para el seguimiento de la víctima y la huida del atacante tras cometer el hecho.

Más implicados bajo investigación

La Policía no descarta que haya más personas comprometidas en el crimen, ya que se presume que hubo un seguimiento previo al empresario. En los días anteriores al ataque, la víctima habría notado movimientos extraños cerca de su vivienda y los habría comentado con sus familiares. Estas pistas fueron fundamentales para reconstruir el trayecto de los sospechosos y dar con sus identidades.

La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para los principales implicados, mientras continúa recolectando pruebas y testimonios que sustenten la hipótesis del crimen por encargo. La mujer señalada como intermediaria también permanece detenida y será incluida en la acusación como cómplice directa del asesinato.

El Ministerio del Interior anunció que reforzará la vigilancia en las cárceles del país y revisará los protocolos en los establecimientos de régimen cerrado especial.

El comunicado del INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) publicó un comunicado en el que aclara que Miguel Ángel Aponte Vigo, señalado como posible autor intelectual del asesinato, no está recluido en Challapalca sino en Juliaca, y que cumple un régimen de alta seguridad sin acceso a comunicaciones.

El organismo además informó sobre operativos en la celda del interno y requirió a la Policía las evidencias que fundamenten la acusación para tomar las medidas necesarias. El INPE reiteró su compromiso de mantener el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.