La operación del lujoso Hotel Belmond Sanctuary Lodge, ubicado a escasos metros del ingreso al santuario histórico de Machu Picchu, permanece en el centro de una creciente controversia legal y política. Pese a que el contrato de concesión para explotar este estratégico inmueble estatal venció el pasado 16 de mayo, la empresa operadora, Perú Belmont, continúa gestionando el hotel respaldada en una medida cautelar judicial que, según congresistas cusqueños, desafía las disposiciones contractuales y ha encendido reclamos desde el Congreso y la sociedad cusqueña por la recuperación de este bien público.
En medio de acusaciones de falta de transparencia y presunta negligencia administrativa, los actores públicos locales y nacionales exigen respuestas claras, acceso a información y la definición de una estrategia jurídica capaz de enfrentar la acción judicial que hoy favorece a la empresa privada.
Tensiones y reclamos por la propiedad estatal
El 4 de junio, en una sesión descentralizada de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso realizada en Cusco, legisladores y autoridades regionales abordaron la problemática generada por la persistencia de la empresa privada al frente del hotel en Machu Picchu tras la caducidad del contrato. El encuentro, sin embargo, estuvo marcado por la ausencia del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, quien por segunda vez consecutiva se excusó, generando malestar entre los presentes. La ausencia de Salcedo no pasó inadvertida entre los miembros de la comisión ni entre los consejeros regionales, quienes lamentaron la falta de articulación en la defensa de un bien considerado clave para el desarrollo turístico y económico de la región.
En ese contexto, el propio presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, anunció que evalúan la creación de una comisión investigadora especial para revisar el contrato de concesión, las sucesivas renovaciones y la cuestionada medida cautelar que fue obtenida por la empresa operadora. Burgos remarcó la necesidad de que las gestiones y contratos vinculados a patrimonios públicos sean absolutamente transparentes y se suscriban considerando el interés colectivo, no bajo la presión de los privados.
La congresista Ruth Luque Ibarra, por su parte, exigió claridad respecto a la acción legal que despliega el Gobierno Regional del Cusco y que la información se difunda públicamente. “El tema del santuario no está cerrado. La empresa ha usufructuado este espacio por más de veinte años y es urgente conocer cuánto tiempo más planea quedarse, amparada en un fallo judicial que debe debatirse abiertamente. Se trata de un bien público que debe volver al Estado”, enfatizó Luque a Exitosa Noticias.
El congresista Guido Bellido coincidió en la necesidad de una intervención directa del Congreso para fiscalizar el proceso y buscar salidas legales que restituyan la propiedad al Estado. Recordó que la ausencia del gobernador regional limita la coordinación, pero afirmó que la Comisión de Fiscalización continuará explorando todas las herramientas a su alcance, incluida la formación de una comisión especializada.
Acciones legales y denuncias de irregularidades
Durante la sesión realizada el 6 de junio en Lima, Werner Salcedo finalmente se presentó para exponer el estado del caso ante la comisión congresal. El gobernador detalló los pasos legales que el Gobierno Regional ha iniciado para recuperar el hotel, aunque reconoció que actualmente la empresa privada goza de una medida cautelar que le permite seguir operando el inmueble. Salcedo solicitó al Congreso el respaldo necesario para investigar no solo el caso del Sanctuary Lodge, sino también las condiciones de otras concesiones turísticas en la zona, como los recursos generados por PeruRail, demandando transparencia y fiscalización a fondo.
En su intervención, Salcedo explicó que el contrato original consignaba que la concesión podía extenderse una sola vez por diez años, a petición de la operadora y con la debida autorización del Consejo Regional. Sin embargo, subrayó que la adenda de ampliación firmada en 2013 carecía de la aprobación reglamentaria y, según informes de la Contraloría, esta fue calificada como irregular. El caso incluso motivó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de Cusco, en la que se investiga la legalidad de los instrumentos contractuales que habilitaron la permanencia privada.
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