Durante días, las críticas sobre la decisión del Ministerio de Cultura de reducir el área protegida de Nasca se extendieron desde la comunidad científica hasta los actores locales del turismo. El cambio de extensión, que redujo el polígono de protección de 5,600 a 3,200 km², generó interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la conservación de uno de los sitios arqueológicos más importantes del país. En este escenario, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, confirmó la creación de una nueva Unidad Ejecutora adscrita a su sector, dedicada exclusivamente a la gestión y protección del patrimonio en la región.
El anuncio fue realizado durante una conferencia del Consejo de Ministros, donde el titular del sector intentó desmarcarse de las versiones que señalaban un presunto daño al Colibrí, uno de los geoglifos más reconocidos del mundo.
“Que digan que hemos partido al Colibrí en dos es completamente falso. Está a cientos de kilómetros de la parte final del nuevo polígono arqueológico”, expresó.
El ministro también aseguró que la nueva Unidad Ejecutora responderá a un pedido reiterado de especialistas nacionales y extranjeros. “Vamos a proponer la creación de un ejecutor a Nasca para gestionar toda la labor de conservación del sitio. Esto es algo que la comunidad científica ha venido pidiendo”, afirmó.
La propuesta incluirá convocatorias a la Asociación María Reiche y otros colectivos vinculados al estudio y protección de las líneas para revisar la nueva delimitación y compartir los informes técnicos que justifican la decisión del Ejecutivo.
“Si no hay una Unidad Ejecutora, los sitios arqueológicos están en peligro”
Desde Nasca, Ítalo Benavides, director de Turismo y Cultura de la Cámara de Turismo local, explicó que el riesgo de pérdida o destrucción del patrimonio no se limita únicamente a las líneas trazadas en la pampa. A su juicio, la ausencia de una estructura operativa específica deja expuestos diversos complejos arqueológicos de la región.
“Tenemos la Huaca, el Templo Pintado, Bogotá... y paro de contar. Hay muchísimos más. Pero si no se hace un plan de acción, que ya está aprobado en el mismo Ministerio de Cultura, para el saneamiento físico, legal y la creación de la Unidad Ejecutora, de nada sirve que alarguen o achiquen la poligonal arqueológica”, declaró para Exitosa.
Benavides considera que sin una titularidad clara y una unidad especializada con presupuesto propio, cualquier intento de modificar los límites de protección solo distrae la atención de los problemas reales que enfrentan los sitios arqueológicos: abandono, informalidad y la expansión urbana descontrolada.
Críticas desde el Colegio de Arqueólogos
A la preocupación local se sumó la del Colegio de Arqueólogos del Perú. Su decano, el Dr. Pieter Van Dalen, cuestionó que, pese al reconocimiento internacional de las líneas de Nasca y Palpa, hasta hoy no exista una unidad ejecutora que concentre los esfuerzos para su conservación. “Tienen poco personal, no tienen los recursos necesarios y están al abandono”, indicó.
El arqueólogo también llamó la atención sobre la incapacidad del Ministerio de Cultura para ejecutar fondos. Recordó que en 2023 se aprobó una unidad ejecutora en Chancay con un presupuesto de 10 millones de soles, pero este monto podría perderse. “¿Está cumpliendo su papel el Ministerio de Cultura? ¿O qué está sucediendo?”, preguntó.
Van Dalen destacó que la actual Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica no tiene condiciones para asumir la protección total del sitio. Además, criticó que los hallazgos realizados por equipos japoneses en la zona no sean integrados en una política nacional. “Vienen con su presupuesto, hacen los trabajos y luego se retiran. Pero el Ministerio no los incorpora en su política”, señaló.
Restricciones normativas y falta de continuidad
Otro aspecto que complica la situación es la nueva reglamentación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), que regula los permisos para investigaciones arqueológicas. Según Van Dalen, los cambios introducidos por el propio Ministerio hacen que ahora sea más complicado llevar a cabo trabajos de campo, incluso para quienes ya cuentan con autorizaciones previas.
“Con la nueva reglamentación del TUPA que ha aprobado el Ministerio de Cultura, es muy complicado realizar investigaciones”, remarcó.
Investigadores nacionales y extranjeros, especialmente los vinculados a universidades y centros de estudio en Japón y Europa, han expresado su frustración ante los obstáculos burocráticos. La falta de una entidad que centralice procedimientos y administre recursos es señalada como el principal cuello de botella para avanzar en la protección real del sitio.
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