El Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe mensual de libertad de expresión correspondiente a mayo de 2025. El documento, disponible en su portal institucional, da cuenta de un entorno cada vez más adverso para la labor periodística, en el que destacan hechos de violencia, restricciones normativas y falta de acción por parte del Estado frente a los riesgos que enfrentan los comunicadores.
Uno de los puntos centrales del informe es el asesinato del periodista Raúl Celis en Iquitos, ocurrido en mayo, que se suma al caso de Gastón Medina, periodista asesinado en enero del mismo año. Ambos crímenes, según el Consejo, reflejan un contexto de creciente inseguridad para quienes ejercen el oficio informativo en el país.
En ese sentido, la institución indicó que ha solicitado información a la Fiscalía de la Nación, liderada por Delia Espinoza, respecto al avance de las investigaciones para identificar a los responsables. Hasta la fecha, el Consejo no ha recibido respuesta. Consideran que esta falta de atención institucional configura una señal de las dificultades que existen cuando las víctimas son periodistas.
El informe también menciona que, además de los homicidios, existen otras formas de hostigamiento que obstaculizan la labor de la prensa, tanto desde órganos del Gobierno como del Congreso de la República.
Normas y restricciones que afectan la cobertura periodística
Uno de los casos mencionados en el informe tiene que ver con la Ley aprobada por el Congreso que obliga a los medios de comunicación a destinar el 10% de su programación a difundir mensajes contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar. Si bien la finalidad del contenido es social, el Consejo advierte que imponer cuotas informativas de este tipo vulnera la autonomía editorial y afecta directamente la libertad de expresión, de prensa y de empresa.
Además, el informe denuncia episodios recientes en los que se impidió el ingreso de periodistas al Palacio Legislativo bajo el argumento de “vestimenta impropia”. Según el Consejo, esta medida restringe el acceso a la información pública y limita la cobertura de hechos de interés nacional desde el Congreso.
Otra de las acciones cuestionadas fue la decisión del Poder Ejecutivo de declarar confidencial el pedido de incremento salarial para la presidenta Dina Boluarte. El Consejo considera que no debe reservarse la información vinculada a los ingresos de un funcionario cuya remuneración proviene del erario público, sustentado por los impuestos que pagan los ciudadanos.
Estas medidas, en conjunto, forman parte de lo que el Consejo identifica como un clima de presión sistemática hacia los periodistas, en el que se reduce progresivamente la capacidad de informar y fiscalizar sin represalias o restricciones.
Preocupación por la revelación de fuentes periodísticas
El informe también hizo referencia a los pedidos del Ministerio Público para que periodistas revelen sus fuentes, a pesar de que esta obligación no está contemplada en el marco legal peruano. Esta situación ha generado alertas dentro del gremio, ya que podría vulnerarse la protección de las fuentes informativas, un principio clave para garantizar investigaciones periodísticas independientes.
El Consejo de la Prensa indicó que se ha registrado un incremento en este tipo de solicitudes, especialmente en casos relacionados con temas sensibles de corrupción o gestión pública. A su juicio, esto podría provocar un efecto inhibidor en la prensa investigativa y en los ciudadanos que desean compartir información relevante con medios de comunicación.
Frente a este escenario, el Consejo exhortó a las autoridades a respetar los marcos legales existentes y a reforzar el compromiso del Estado con la libertad de prensa y el derecho a la información, especialmente en contextos donde la transparencia resulta clave para el debate público.
La organización reiteró la necesidad de establecer canales de comunicación abiertos entre el Estado y los gremios de prensa, así como la urgencia de esclarecer los crímenes contra comunicadores. También pidió revisar las normas que puedan vulnerar la pluralidad informativa y el principio de independencia de los medios.
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