En medio de este panorama, la Comisión Especial de la sede departamental de Ica del Colegio de Arqueólogos emitió un pronunciamiento exigiendo la renuncia del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, así como del equipo directivo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica y del Plan de Gestión de Nasca y Palpa. En el documento, calificaron la decisión del Ejecutivo como “una falta grave contra los intereses de la nación”.
El reclamo, no obstante, no se limita al ámbito regional. El propio decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, Pieter Van Dalen, pidió públicamente la salida del titular del Ministerio de Cultura durante una entrevista con Exitosa. Sus declaraciones evidencian una ruptura con la política actual del sector y una creciente preocupación por la forma en que se están tomando decisiones vinculadas al patrimonio.
“Ya hemos dicho en diferentes pronunciamientos que es necesario el cambio del ministro y los viceministros”, indicó Van Dalen. “No hay una política cultural adecuada. Las actividades que vienen realizando no tienen un norte definido en pos de la protección de nuestro patrimonio cultural”.
Críticas desde el Colegio de Arqueólogos
La postura del Colegio de Arqueólogos del Perú no es reciente. Van Dalen explicó que el pedido de remoción de Fabricio Valencia ya había sido acordado por el Consejo Directivo Nacional hace varios meses. “Ya lo hemos venido pidiendo desde hace varios meses. Es por un acuerdo del Consejo Directivo Nacional. Hemos mandado quejas, incluso hemos denunciado hechos increíbles que han venido sucediendo en el Ministerio de Cultura”, declaró.
El decano aclaró que el pronunciamiento no responde solo a intereses gremiales, sino a preocupaciones concretas por la integridad del patrimonio arqueológico. Enfatizó la falta de transparencia del ministerio, al que acusó de mantener un “hermetismo” preocupante frente a las solicitudes de información sobre la nueva delimitación.
“El funcionamiento del Ministerio de Cultura ya tiene muchísimos cuestionamientos. Cada semana salen una serie de denuncias en contra del ministro que no son aclaradas”, afirmó.
Un nuevo mapa con menos terreno protegido
Durante una sesión descentralizada de la Comisión de Cultura del Congreso en Ica, el ministro Valencia presentó el nuevo plano de la reserva. Según explicó, la modificación responde a una actualización basada en información obtenida durante más de dos décadas.
“La reserva arqueológica delimitada en el 2004 tenía una extensión aproximada de 5.600 km² y luego de recabar información y realizar sesudos estudios por más de 20 años, estamos sincerando la información y se determinó que son aproximadamente 3.200 km² los que corresponden a la reserva arqueológica”, indicó.
El ajuste oficializa un nuevo perímetro de 3.235,94 kilómetros cuadrados y, según el ministro, busca reflejar de manera más precisa “la relación entre los geoglifos y el espacio físico que los contiene”. Desde su perspectiva, el área excluida no contenía elementos arqueológicos verificados o presentaba duplicaciones innecesarias con otras zonas.
Sin embargo, el comunicado de la Comisión Especial de la sede Ica del Colegio de Arqueólogos sostiene que la decisión no se basa en criterios técnicos válidos. En su pronunciamiento, los arqueólogos señalan que “la reducción del polígono de Nasca carece de fundamento técnico sólido y parece responder a intereses particulares, como el favorecimiento de la minería informal”.
El documento añade que el proceso se realizó sin consulta a los actores involucrados. “El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, Sede Departamental Ica, no fue consultado en este proceso, ni convocado a audiencias públicas descentralizadas de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural”.
La misma comisión solicitó acceso a los estudios técnicos que supuestamente respaldan la reducción, pero hasta el momento no han recibido respuesta. “El señor Fabricio Valencia ha declarado que esta medida se sustenta en estudios sesudos. En consecuencia, solicitamos el acceso a la información pública para obtener los documentos que respalden esta determinación”.
Denuncias y demandas
El malestar en el sector cultural escaló hasta convertirse en una demanda política. Además de la renuncia del ministro, los arqueólogos exigen la nulidad de la resolución y una investigación formal contra los funcionarios involucrados.
“La decisión carente de transparencia, sumada a la exclusión de las voces técnicas locales, implica una falta grave contra los intereses de la nación”, se lee en el comunicado. “Rechazamos la injerencia política y los intereses económicos oscuros, como la minería ilegal, en decisiones que afectan directamente nuestro patrimonio cultural”.
El Colegio Profesional de Arqueólogos sostiene que la zona recortada podría abrir la puerta a actividades productivas que comprometan la conservación del área. Por ese motivo, alertan sobre un posible precedente que debilita la figura legal de las reservas arqueológicas frente a intereses económicos.
En el plano regional, el Colegio de Arqueólogos de Ica también expresó su desacuerdo con la resolución ministerial. Van Dalen denunció el silencio del director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, a quien pidió información formal el último viernes sin obtener respuesta.
“Le he pedido información el día viernes en la tarde, pero lamentablemente no me ha querido dar ningún tipo de información. Me dijo que se comunicaba después, pero sí, un total hermetismo. Igual que el ministro”, sostuvo.
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