Los agentes de la Policía Nacional del Perú desplegados en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, viven una situación crítica mientras intentan combatir el crimen organizado que ha tomado el control de la zona. Llamados para enfrentar a las peligrosas bandas que operan impunemente en esta zona minera, los policías no solo enfrentan el riesgo constante de ataques armados, sino también el abandono del propio Estado.
El especialista en temas de seguridad, Pedro Yaranga denunció que estos agentes, alrededor de mil, no han recibido el pago de sus viáticos, un derecho fundamental para quienes prestan servicio en zonas de emergencia. Además, muchos de ellos se encuentran enfermos luego de ingresar a bocaminas —túneles mineros controlados por grupos criminales— y no cuentan con acceso a atención médica adecuada.
“Ellos en estos instantes tendrían que endeudarse o hacer algo para sufragar sus necesidades esenciales de salud”, alertó Yaranga. El único centro médico de Pataz no da abasto y, según testimonios recogidos por Panamericana Televisión, ni siquiera cuenta con los medicamentos básicos para atender a los efectivos que arriesgan su vida a diario.

Silencio desde el Ejecutivo
El equipo periodístico intentó obtener una respuesta del premier Eduardo Arana sobre las condiciones en que operan los policías en la zona de emergencia, pero la consulta fue esquivada. En su lugar, Arana se limitó a repetir el discurso oficial del Gobierno, asegurando que la presidenta y el Comando Unificado están comprometidos con la recuperación del orden interno y que la lucha contra la inseguridad es uno de los pilares de su gestión.
Sin embargo, para quienes están en el terreno, las palabras del Ejecutivo resultan vacías frente a la realidad de abandono. El despliegue de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en Pataz no ha sido suficiente para garantizar condiciones mínimas de trabajo ni seguridad para los propios agentes.
Crimen organizado con superioridad tecnológica
Pedro Yaranga también advirtió que los grupos criminales que operan en la zona, vinculados al tráfico ilegal de oro y otros delitos, están mejor equipados que la propia Policía. “Los criminales están mejor equipados a nivel logístico, con municiones y también con tecnología. Utilizan tecnología de punta, y la policía lamentablemente no está a ese nivel”, afirmó.

Mientras los agentes del orden sobreviven con lo poco que llevan consigo, sin abastecimiento de municiones ni equipamiento adecuado, los delincuentes cuentan con armas modernas, sistemas de comunicación avanzados y logística que les permite mantenerse un paso adelante. Esta disparidad tecnológica no solo pone en desventaja a la Policía, sino que también compromete la eficacia de las operaciones para recuperar el control del territorio.
Paz social sin logística es insuficiente
La situación se agravó en abril tras el secuestro y posterior asesinato de trece trabajadores mineros en la zona, crimen que generó repudio a nivel nacional. En respuesta, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en Pataz y decretó toque de queda. Pero estas medidas excepcionales no han sido acompañadas por una estrategia efectiva de apoyo logístico a los policías, lo que pone en entredicho su efectividad.

“La paz social y el control territorial en la zona no bastan sin logística”, subrayó Yaranga. Las fuerzas del orden enfrentan no solo a bandas fuertemente armadas, sino también a condiciones que minan su moral y capacidad operativa.
Un llamado urgente al Estado
La situación en Pataz revela una grave contradicción: mientras el Estado declara su compromiso con la lucha contra el crimen, no garantiza ni siquiera lo más básico para sus agentes en el terreno. La falta de viáticos, atención médica, equipos adecuados y municiones convierte a los policías en blanco fácil del crimen organizado, que avanza con impunidad y superioridad táctica.
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