La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado urgente ante el reciente derrame de petróleo en la región Loreto, específicamente en el distrito de Manseriche, en la provincia de Datem del Marañón. El organismo señaló que este nuevo incidente está relacionado con una contingencia previa ocurrida el 19 de marzo en el kilómetro 315+535 del tramo II del Oleoducto Norperuano. En su comunicado, la Defensoría expresó su profunda preocupación por la suspensión del diálogo entre las entidades del Estado y las comunidades nativas, subrayando que “el diálogo debe darse en condiciones adecuadas y bajo un enfoque intercultural para generar confianza entre las partes y garantizar la continuidad del mismo”.
El organismo defensor informó además que el derrame contaminó la quebrada Pijuayal, que abastece de agua a comunidades como Sinchi Roca, Pijuayal Palestina, Belén, Nazareth, Cajamarca y 70. En su mensaje, la Defensoría urgió a las autoridades y a los dirigentes indígenas a permitir el ingreso del personal de Petroperú para realizar las labores de contingencia y mantenimiento en el oleoducto, “a fin de evitar una mayor afectación a sus territorios ancestrales y a la población, entre ellos, niños, niñas y adolescentes; así como mujeres embarazadas y personas adultas mayores”.
Asimismo, la Defensoría advirtió que el posible retiro de la grapa metálica colocada para contener la fuga de crudo “vulnera gravemente el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; asimismo, aumenta el riesgo de afectación a la salud de la población de las comunidades nativas”. Frente a esta situación, hizo un llamado a las autoridades regionales y locales, así como a los organismos supervisores como OEFA y Osinergmin, para que cumplan con sus funciones de fiscalización y verificación de las medidas adoptadas por Petroperú.
Impacto ambiental y social en comunidades indígenas de Loreto
El derrame de petróleo no solo representa un daño al ecosistema amazónico, sino una amenaza directa a la salud y el bienestar de la población indígena de Manseriche. La contaminación detectada en la quebrada Pijuayal, fuente vital de agua para las comunidades, pone en riesgo la seguridad alimentaria y sanitaria, afectando especialmente a niños, niñas, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. La Defensoría del Pueblo alertó que la retirada de una grapa metálica instalada por Petroperú, que contenía una fuga previa, podría haber sido la causa del nuevo derrame, lo que agrava aún más la crisis.
Las comunidades indígenas awajún han expresado su descontento y preocupación, mientras que la suspensión del diálogo impide avanzar en acuerdos para la remediación ambiental y la protección de sus derechos. En respuesta, la Defensoría exhorta a la Municipalidad Distrital de Manseriche a actuar con rapidez para evaluar los daños y brindar apoyo a los afectados, así como a la Gerencia Regional de Salud de Loreto para que implemente medidas urgentes de atención médica y monitoreo de la calidad del agua.
Historial de conflictos y demandas en Manseriche frente a la actividad petrolera
El derrame reciente se suma a un historial de tensiones entre las comunidades indígenas y Petroperú, que administra el Oleoducto Norperuano, eje central para transportar crudo desde la Amazonía hasta la costa peruana. Desde 2017, se registran más de 450 infracciones ambientales relacionadas con esta infraestructura en varias regiones, muchas de ellas en Loreto y, específicamente, en Manseriche. En años recientes, líderes awajún han protagonizado bloqueos y tomas de la Estación 5 del oleoducto, exigiendo la remediación de daños ambientales y mejoras en los servicios básicos como educación.
Manseriche, con cerca de 9.500 habitantes, concentra alrededor de 21 comunidades indígenas, donde casi la mitad vive en condiciones de pobreza. La economía local depende en parte del canon petrolero, pero las inversiones no han logrado cubrir las demandas de infraestructura ni resolver las brechas sociales. La falta de atención a estas problemáticas ha generado una escalada de protestas y paralizaciones que buscan visibilizar el impacto ambiental y social de las actividades petroleras en la Amazonía peruana.
Por su parte, Petroperú sostiene que los reclamos no están vinculados a sus actividades, aunque el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha impuesto multas millonarias por faltas en la operación del oleoducto. A la par, las instituciones estatales y regionales enfrentan el reto de coordinar esfuerzos para asegurar el cumplimiento de planes de contingencia y una gestión ambiental responsable que proteja a las comunidades y sus territorios ancestrales.
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