Juan José Santiváñez despacha en oficina de Vicepresidencia, recibe visitas del Mininter y participaría en Consejo de Ministros

El exministro del Interior Juan José Santiváñez, censurado en marzo pasado por el Congreso por su “incapacidad” para enfrentar la ola de inseguridad, ocupa actualmente la jefatura de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, un cargo de confianza que lo ubica en una oficina privilegiada en el segundo piso de Palacio de Gobierno.

Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, este puesto incluye una remuneración superior a los 17 mil soles mensuales, además de acceso a secretaria y personal auxiliar. Fuentes citadas por el dominical indicaron que, en un primer momento, se le asignó una oficina próxima al despacho de la presidenta Dina Boluarte.

No obstante, el reducido tamaño del ambiente no fue de su agrado. Ante esta situación, acompañado por la mandataria, recorrió diversas instalaciones de la Casa de Gobierno hasta llegar a la oficina tradicionalmente destinada a la Vicepresidencia de la República.

El dominical recuerda que este espacio, situado en el segundo piso del edificio gubernamental, fue ocupado por la propia Boluarte durante su etapa como vicepresidenta en el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Se trata de un ambiente privilegiado, con vista al Jirón de la Unión y contiguo a la Jefatura de la Casa Militar, que cuenta con una recepción, una sala de reuniones y un despacho principal.

Visitas

Según Cuarto Poder, Santiváñez ha registrado 88 visitas, de las cuales 61 están directamente relacionadas con el ministerio que dirigió. Entre los visitantes se identificó a su sucesor, Carlos Malaver, quien acudió un día antes y el mismo día en que fue designado en el cargo.

Además, figura Erick Caso Giraldo, secretario general de ese ministerio, quien fue jefe de asesores y nombrado tras reunirse en Palacio. También destacan el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Víctor Zanabria, y Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, quienes asistieron el mismo día para sostener una reunión conjunta.

Dentro del grupo de visitantes frecuentes aparece el mayor Omar Paolo Saldaña, antiguo miembro de la escolta del exministro, con diez ingresos registrados al despacho. Saldaña fue investigado en 2023 por presuntos sobornos y por un incidente con disparos en una comisaría en 2018. En diciembre, Santiváñez lo promovió dentro de la estructura policial.

A estas visitas se suman las de los viceministros Luis Reátegui y Maxfredid Pérez, también vinculados al sector Interior. Consultado por el dominical, el exministro afirmó irónicamente que recibe no solo a personas vinculadas a este portafolio, sino también “a Salud, Defensa y todos los sectores”.

Este constante flujo de reuniones, junto con su ubicación en el centro del poder, ha alimentado versiones sobre su influencia en decisiones clave y su posible participación en sesiones del Consejo de Ministros, pese a no formar parte oficialmente del gabinete.

A pesar de su censura en el Parlamento, y su posterior salida del gabinete, Boluarte se había despedido de él calificándolo como uno de sus ministros más destacados y “valiente”, en tanto que el expremier, Gustavo Adrianzén, adelantó que no veía “nada de sorprendente” en su voceada designación al puesto.

Santiváñez afrontó una serie de acusaciones de presunto abuso de autoridad desde su llegada al gabinete, en mayo del año pasado, a raíz de mensajes en audio contra periodistas que destaparon la aparente intención del gobierno de desaparecer a una unidad policial que apoyaba a los fiscales que investigan a Boluarte y otros altos funcionarios por presunta corrupción.

El Congreso aprobó su censura en marzo pasado al acusarlo de tener una “manifiesta incapacidad” para afrontar la ola de inseguridad ciudadana y su “falta de liderazgo” en el sector, en medio de una serie de ataques de presuntos extorsionadores y sicarios a trabajadores del transporte público urbano de Lima y otras ciudades del país.

A pesar de que el gobierno declaró el estado de emergencia en Lima y Callao para tener el apoyo de las fuerzas armadas en el control de la seguridad, los ataques contra conductores y otros trabajadores de ese sector continúan y han provocado un masivo paro de 24 horas.